Agencias
MEXICO, D.F.- El grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que evalúa la pesquisa sobre la desaparición de 43 estudiantes en México informó el lunes que algunos de los detenidos en el caso afirmaron haber sido torturados lo que, de confirmarse, podría afectar la investigación oficial.

En su tercera visita a México, miembros del grupo también manifestaron su preocupación acerca de que existen 13 procesos abiertos contra los detenidos dispersos en seis juzgados de distintas localidades, lo cual complica la revisión del caso, y sugirieron que toda la investigación se integre en un solo expediente que lleve un juez y no varios.

El médico español Carlos Beristain dijo en rueda de prensa que han entrevistado a 16 de los poco más de 100 detenidos por la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa el 26 de septiembre y que una mayoría declaró haber sufrido malos tratos y tortura, lo que ahora deberán contrastar con el expediente de la investigación, reportes médicos y seguimiento de organismos de derechos humanos.

Refirió que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha recibido cerca de una decena de quejas por tortura y posibles alteraciones al debido proceso. Ese organismo aún investiga el caso, agregó.

"El análisis exhaustivo de esas denuncias es fundamental para evitar que eso genere problemas más adelante", dijo y añadió que en caso de que "no se hubieran respetado garantías de los detenidos, pues sería muy negativo para el proceso y eso generaría consecuencias legales". Un caso de tortura o de irregularidades en el proceso puede derivar en que una investigación se derrumbe.

El grupo de expertos de la Comisión Interamericana fue creado para analizar las investigaciones oficiales y dar recomendaciones que den claridad sobre lo que sucedió con los alumnos.

La Procuraduría General de la República concluyó en enero que los 43 estudiantes fueron detenidos por policías municipales de la ciudad sureña de Iguala y luego entregados a sicarios que los quemaron en un basurero y lanzaron sus restos a un río para borrar evidencias.

Los padres y grupos civiles que los acompañan, sin embargo, no creen en esa versión y sostienen que está sustentada sobre todo en declaraciones de presuntos sicarios.

El grupo, integrado por cinco personas, tiene un plazo de seis meses para concluir su trabajo, el cual se cumplirá a fines de agosto.

La desaparición ha provocado indignación dentro y fuera de México.

Por el caso se han detenido a más de 100 personas, incluidos el alcalde de Iguala y su esposa.