24 de Septiembre de 2018

México

Diputados aprueban en una hora Ley de Seguridad Interior

Activistas dicen que la aplicación de la ley provocaría más violaciones a los derechos humanos.

La violencia desatada en México por el crimen organizado ha cobrado la vida de más de 200 mil personas en la última década. (El Debate)
La violencia desatada en México por el crimen organizado ha cobrado la vida de más de 200 mil personas en la última década. (El Debate)
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Agencia
CIUDAD DE MÉXICO.- La Cámara de Diputados aprobó en 'fast track' el dictamen por el que se expide la Ley de Seguridad Interior con las modificaciones hechas al senado.

En poco más de una hora y saltándose las comisiones, quedó aprobada la ley de manera definitiva y ahora pasará al Ejecutivo para su publicación.

La cuestionada ley por organismos civiles y multilaterales busca dar certeza jurídica a las Fuerzas Armadas.

El documento fue aprobado en la Cámara baja con 262 votos a favor (del PRI, Verde, y algunos del PAN y Encuentro Social), 25 en contra y cero abstenciones. Destacó la ausencia de los grupos parlamentarios de oposición que estaban en contra del dictamen.

De acuerdo con El Financiero, el diputado René Cervera García, de Morena, presentó una moción suspensiva en la que expuso que existe “una violación a las garantías de individualidad y del debido proceso. El Artículo 10 del decreto que se propone, violenta los derechos humanos, el debido proceso y las garantías institucionales de audiencia y defensa”.

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El Pleno rechazó en votación económica esa moción suspensiva.

La coordinadora de los diputados de Morena, Rocío Nahle García, advirtió que “a la hora de que las Fuerzas Armadas estén en la calle va a haber un estado de excepción permanente por ley, una ley que, incluso, es inconstitucional y vulnera los derechos humanos”.

La diputada Carmen Guillén Vicente, del PRI, presidenta de la Comisión de Gobernación, aseguró que se trata de una ley “constitucional, que cumple con todos los requisitos, que no tiene violación a ningún derecho, y que además no militariza al país”, es algo que necesitan los estados que más sufren de violencia en el país.

La polémica ley, además de regular el uso de las fuerzas armadas en las calles para combatir grupos criminales, amplía sus facultades para actuar cuando se determine que existe una amenaza a la seguridad interior, en medio de enérgicas críticas de organismos como la ONU.

Pese a los cuestionamientos tanto de organismos internacionales como nacionales, los legisladores resolvieron a favor de la Ley de Seguridad Interior, que dota a los militares de un marco legal para intervenir con operaciones excepcionales si el presidente o gobiernos estatales consideran que las fuerzas policiales son insuficientes.

Activistas dicen que la aplicación de la ley provocaría más violaciones a los derechos humanos y violencia, así como abuso por parte de las fuerzas armadas, que en el pasado han sido acusadas de ejecuciones arbitrarias, torturas y otros delitos.

¿Qué pasó en 2016?

A fines del 2006, el expresidente Felipe Calderón comenzó a enviar decenas de miles de militares a los puntos más violentos del país para combatir los cárteles de la droga ante la debilidad de los cuerpos policíacos. Sin embargo, muchos grupos, lejos de contenerse, se fragmentaron e incursionaron en otros delitos.

El Ejército mexicano había dicho que requería una ley para regular su operación, pero al mismo tiempo un mecanismo en el que se estableciera una fecha para que puedan volver a los cuarteles pues la institución no fue creada para combatir cárteles de la droga y otros delitos.

Organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han cuestionado la aplicación de esta ley. Aseguran que una década de intervención no regulada de las fuerzas armadas no ha disminuido la violencia y que por el contrario han aumentado los violaciones de los derechos humanos.

El Gobierno y los legisladores oficialistas argumentan que la ley no vulnera los derechos de las personas y que era necesaria para regular la actuación del Ejército en las calles.

La ley contempla, entre otras medidas, la intervención de militares y marinos para controlar, repeler y neutralizar actos de resistencia, lo que activistas ven como una amenaza a protestas de ciudadanos -que podrían ser sometidos con exceso de fuerza-, a meses de una elección presidencial para las que Andrés Manuel López Obrador encabeza los sondeos.

La violencia desatada en México por el crimen organizado ha cobrado la vida de más de 200 mil personas en la última década.

Entre las modificaciones que realizó el Senado se incluye la precisión de que los actos realizados por las autoridades con motivo de la aplicación de la Ley deberán respetar, proteger y garantizar en todo momento y, sin excepción, los derechos humanos y sus garantías.

Además de dar 180 días a los gobernadores para profesionalizar sus policías o por lo menos tener sus proyectos y presupuestos.

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