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Ciudad de México.- “Soy amigo del presidente… no voy a pagar”. Ese fue el argumento utilizado por uno los principales implicados en el caso de Los Papeles de Panamá, para que el SAT no le cobrara los millones de pesos en impuestos que había evadido, tras ocultar parte de sus ingresos a través de una empresa de papel (offshore) en un paraíso fiscal.

De acuerdo con Animal Político, este contribuyente, cuyo nombre no se revela por ser materia de secreto fiscal, fue una de las 83 personas que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó que habían intentado ocultar sus ingresos, al indagar las revelaciones del caso denominado “Papeles de Panamá”, el cual mostró la existencia de un esquema global de evasión fiscal a través de empresas offshore, constituidas por el despacho Mossack Fonseca.

El supuesto amigo del presidente, que era uno de los tres empresarios que mayor cantidad de impuestos había evadido con este mecanismo, comenzó a pagar luego de que las autoridades iniciaron una auditoría fiscal, no solo a él, sino a cuatro integrantes de su familia, incluida su suegra.

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Un informe final del SAT sobre las investigaciones por los “Papeles de Panamá”, arroja que fueron recuperados más de 450 millones de pesos en México, y fueron identificados 83 contribuyentes sospechosos de evadir impuestos, pero no se presentó ninguna denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR).

El documento oficial recuerda que, el 3 de abril de 2016, se publicó en distintos medios de comunicación en México y a nivel internacional información relativa a documentos filtrados del despacho Mossack Fonseca, con sede en Panamá, en los cuales se hacía referencia a la creación de empresas “offshore”, en países con baja o nula imposición fiscal.

Una revisión completa de los documentos, que concluyó en abril de este año, arrojó que en la información de Mossack Fonseca aparecen 328 personas inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) en México, de las cuales 65 son personas morales (empresas) y 263 personas físicas (individuos).

Al analizar las operaciones de todos estos individuos las autoridades fiscales identificaron a 83 que presuntamente habían ocultado sus ingresos.

Se trata de contribuyentes que habían realizado actividades por las cuales percibieron ingresos económicos en México, pero que no habían sido reportadas ante las autoridades tributarias, para no pagar los impuestos correspondientes. También se identificaron otros 10 contribuyentes que habían realizado transferencias electrónicas internacionales.

Aunque el SAT no detalla la identidad de ninguno de estos contribuyentes, públicamente se supo que en los “Papeles de Panamá” aparecían nombres de empresarios y políticos en México que utilizaron empresas “offshore”, como Juan Armando Hinojosa Cantú, el contratista del Grupo Higa que, según la investigación periodística ‘La Casa Blanca de Peña Nieto’, fue favorecido con contratos millonarios durante el gobierno de Peña en el Estado de México; Ricardo Salinas Pliego, presidente de Tv Azteca, Banco Azteca y Fundación Azteca, y Amado Yañez Osuna y varios de sus socios en la empresa Oceanografía contratista de Pemex, entre otros.

A través de un mecanismo denominado “cartas – invitación”, el SAT consiguió que un grupo de estos contribuyentes pagara 328 millones 208 mil 640 pesos de impuestos que habían intentado esquivar.
Pero además el SAT ejerció facultades de comprobación (auditorías) a 66 de los contribuyentes sospechosos, lo que permitió recaudar otros 125 millones 601 mil 759 pesos.

El SAT recalcó que este trabajo de investigación incluyó la colaboración de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y se solicitó información a 70 instituciones financieras distintas para el seguimiento de transacciones bancarias.

“Cabe señalar que a la fecha no se ha determinado ni un crédito fiscal ni se ha interpuesto querella en contra de alguno de los sujetos involucrados”, señala el informe del SAT.

Lo anterior significa que, pese a los hallazgos realizados y las omisiones detectadas durante esta investigación, el SAT no aplicó sanciones fiscales a los involucrados, ni se presentaron denuncias por delitos fiscales ante el Ministerio Público de la Federación (PGR).

El amigo que no quería pagar

Más de la mitad del dinero que el SAT logró recaudar en la investigación por el caso “Papeles de Panamá” corresponde a tres grandes contribuyentes que habían canalizado una importante cantidad de recursos a empresas offshore.

Entre esos empresarios – según fuentes con pleno conocimiento del caso – estaba uno que se negaba a pagar lo que respondía pues decía ser “amigo del presidente”.

Ante la negativa, el Servicio de Administración Tributaria decidió iniciarle una auditoría, no solo a él sino a su esposa, a su madre, su hija y hasta su suegra. Ante este escenario, el referido contribuyente decidió comenzar a pagar parte de la carga fiscal que había evadido. Por lo menos hasta el arranque de 2017 no lo había hecho por completo.

En el informe final de acciones por el caso de “Los Papeles de Panamá”, el SAT dijo que continuarían varias investigaciones y procedimientos de recaudación, pero que ya no se darían a conocer informes públicos. Hace unas semanas el actual jefe del SAT, Osvaldo Santín Quiroz, aseguró que continuaban las investigaciones pero no dio a conocer mayores detalles.

La revisión que hizo el SAT tras la revelación periodística del caso “Los Papeles de Panamá” confirmó que más de 80 contribuyentes mexicanos intentaron burlar el sistema fiscal para no pagar los impuestos a los que están obligados. Sin embargo la dependencia no denunció penalmente a ninguno de los contribuyentes.

Esta situación obedece, según fuentes directas en el caso, a que el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación establece claramente que si un contribuyente cubre la carga fiscal que ha eludido no habrá delito que perseguir. Incluso, aun cuando se hubiera presentado una querella, esta quedaría sin efecto en el momento en que se cubra con el pago o el crédito fiscal correspondiente.

Solamente los casos donde en definitiva no hubo pago, pese a los requerimientos del SAT, ameritarían una denuncia, lo que no ha ocurrido hasta la fecha.

A esto hay que sumar que los criterios del nuevo sistema penal acusatorio en el país privilegian la reparación del daño, que pudo haberse cometido antes de cualquier proceso de tipo penal.

De cualquier forma la actuación del SAT en este caso y la investigación que ha llevado a cabo serán objeto de una revisión, que llevará a cabo la Auditoria Superior de la Federación.

Dicha auditoría verificará el alcance de los procedimientos y de las revisiones efectuadas por las autoridades fiscales, a fin de asegurar que se haya procedido correctamente.

Se prevé que los resultados de este trabajo de la ASF se den a conocer en 2018.