Agencia
Ciudad de México. -La Consejería Jurídica de la Presidencia presentó el 11 de octubre ante la Suprema Corte de Justicia una controversia constitucional para reclamar posibles órdenes de aprehensión, arraigo, citatorios, averiguaciones o carpetas de investigación abiertas por las autoridades locales contra funcionarios federales.

De acuerdo a Reforma, si se falla en su favor, la Corte les otorgaría un amparo contra los actos reclamados. Los actos reclamados se imputan al Gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral, a la Fiscalía General de ese Estado y el Poder Judicial local.

"La solicitud y emisión de órdenes de aprehensión existentes o inminentes respecto de actuales o anteriores funcionarios públicos federales, que se relacionen directa o indirectamente con el ejercicio de sus funciones", es uno de los actos reclamados.

También te puede interesar:Peña Nieto completa canción de RBD en Instagram

El 28 de septiembre pasado, Corral amenazó con indagar al Gobierno federal por el caso del ex Secretario General del PRI, Alejandro Gutiérrez, al que la Fiscalía estatal acusó por un peculado de 250 millones de pesos de recursos federales, cargo del que la PGR se desistió.

"Lo puedo decir con absoluta certeza", dijo entonces Corral, "aunque haya hecho lo que haya hecho Peña Nieto para proteger a Gutiérrez y a (el ex Gobernador) César Duarte, no se va a ir impune, no quedará impune.

"Tarde que temprano la justicia lo va a alcanzar a él", agregó, "y es muy probable que sea la propia justicia de Chihuahua".

La demanda del Ejecutivo está firmada por el Consejero Jurídico Misha Granados.

En ella reclama a Corral "su intervención directa o indirecta, pública o privada, actual o inminente, en investigaciones, averiguaciones, carpetas de investigación, solicitudes de información, órdenes de investigación y solicitudes de colaboración que refieran, mencionen o relacionen actuales o anteriores funcionarios públicos federales".

A la Fiscalía General, la controversia le reclama la participación de sus integrantes en reuniones donde se analice con personas ajenas a la misma, incluido Corral, la situación de las probables investigaciones contra funcionarios federales.

La controversia del Ejecutivo es parecida a los llamados "amparos buscadores", que cotidianamente promueven ante la justicia federal sospechosos de un delito para averiguar si enfrentan orden de captura.

Hasta este martes, el ministro al que fue turnada la controversia no había notificado su admisión o desechamiento.

Si la demanda es admitida, el ministro ponente ordenaría a Chihuahua que rinda informes sobre los actos mencionados, y podría conceder una suspensión para frenarlos.