20 de Agosto de 2018

México

¡Un mal chiste! Liberación de Javier Duarte se viraliza

Cuáles son los delitos que enfrenta el ex gobernador de Veracruz.

Los lectores hicieron críticas sobre la noticia falsa de la liberación de Duarte en redes sociales. (LUIS ECHEVERRÍA/REUTERS)
Los lectores hicieron críticas sobre la noticia falsa de la liberación de Duarte en redes sociales. (LUIS ECHEVERRÍA/REUTERS)
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Agencia
Ciudad de México.- Una publicación en Facebook de la página Zócalo Virtual difundió el rumor de que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, podría quedar libre por padecer… cleptomanía, trastorno que se caracteriza por tener un impulso incontrolable por robar.

La publicación suma más de 10 mil comentarios de usuarios que condenan que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto acepte liberar al exgobernador; y califican el hecho como una burla.

Citan como fuente al abogado de Javier Duarte, Pablo Campuzano. Verificado 2018 confirmó que Campuzano fue representante legal del exmandatario como parte de la firma de abogados Del Toro Carazo, hasta febrero. La defensa la asumió el abogado Ricardo Sánchez Reyes Retana.

Recuento del caso de Javier Duarte

En febrero de 2016, la Mesa Directiva del Senado turnó a la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político, por parte de la bancada panista, contra el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por el presunto desvío de recursos públicos.

En el documento, los senadores del Partido Acción Nacional (PAN) exponen que, según el Informe de la Cuenta Pública 2014, presentado por la Auditoría Superior de la Federación, el daño patrimonial contra el erario de Veracruz asciende a 15 mil 772 millones 56 mil pesos.

El entonces candidato de la coalición PRD-PAN al gobierno de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, denunció a Javier Duarte ante la Fiscalía General del Estado.

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En octubre de 2016 la PGR obtuvo una orden de aprehensión contra Duarte y varias personas más por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, consistente en utilizar empresas fantasma y prestanombres para desviar recursos públicos en su beneficio.

Esta acusación se dio luego de las investigaciones que el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda iniciaron tras la publicación del reportaje de las Empresas Fantasma de Veracruz en donde se evidenció el tipo de mecanismo utilizado en la administración de Duarte para desaparecer dinero público.

Casi de forma paralela a que se girara dicha orden de aprehensión Duarte pidió licencia al cargo y posteriormente huyó del Estado.

El actual mandatario veracruzano, Miguel Ángel Yunes, acusó a Flavino Ríos, quien fue el gobernador interino tras el retiro de Duarte, de haber prestado un helicóptero para facilitar la huída.

Por su parte, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Institucional Revolucionario (PRI) resolvió el 25 de octubre la expulsión del gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, porque su comportamiento "no sólo violó el código de ética, sino que afectó los derechos e intereses de militantes y del propio partido", así lo mencionó en conferencia de prensa el senador priista, Arturo Zamora.

Un mes más tarde, en noviembre de 2016, la PGR aseguró a Duarte 112 cuentas bancarias, cinco empresas dedicadas a actividades diversas y cuatro propiedades, "limitar la capacidad de acción y el uso de recursos por los imputados para evadir la justicia", indicó la PGR, en un comunicado.

Entre los bienes asegurados destacan dos inmuebles en las colonias Lomas de Chapultepec y Polanco, en la Ciudad de México, así como el rancho de 92 hectáreas "Las Mesas", en Valle de Bravo, Estado de México.

Tras casi seis meses de estar prófugo, el 15 de abril de 2017, Duarte de Ochoa fue detenido en Guatemala y extraditado a México el 17 de julio del mismo año. Actualmente se encuentra preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

Delitos que enfrenta

Javier Duarte es investigado por la desviación de recursos, por un total de 61 mil millones de pesos durante su administración.

Duarte enfrenta penalmente siete acusaciones. Las dos acusaciones que hizo la PGR y por las que está preso son:

Delincuencia organizada: Es acusado de encabezar una estructura delictiva que le permitió apropiarse de recursos públicos, a través de una red de empresas fantasma, que recibieron contratos, a través de prestanombres. Su pena va de los 20 a 40 años de prisión.

Operaciones con recursos de procedencia ilícita: A Duarte y sus cómplices se les acusa de utilizar recursos públicos, para adquirir propiedades en México y Estados Unidos. La pena va de los cinco a los 15 años de prisión, sin derecho a fianza.

El resto corresponden a dos acusaciones de la Fiscalía de Veracruz, cuyos procesos no han iniciado hasta que no se resuelven los amparos tramitados por la defensa de Duarte:

Abuso de autoridad: por girar instrucciones para utilizar recursos públicos etiquetados con otros fines. Esto habría afectado a los ciudadanos a costa de obtener un beneficio propio. Este delito amerita una sanción de dos a ocho años de prisión.

Incumplimiento de un deber legal: por permitir, al menos por omisión, que recursos públicos etiquetados fueran desviados para otros fines, como ocurrió por ejemplo con dos mil 300 millones de pesos del Seguro Popular en 2014. Amerita una pena de uno a ocho años de prisión.

Peculado: por haber sido el beneficiario final de los desvíos que se registraron en su administración. Contempla una pena de los cuatro a los quince años de prisión.
Tráfico de influencias: el exgobernador es señalado como el promotor de los mecanismos de desvío de recursos en su administración. Este delito contempla una pena de uno a cuatro años de prisión.

Coalición: por el desvío de dos mil 300 millones de pesos del Seguro Popular en 2014. La Fiscalía de Veracruz advierte que Duarte consintió junto con el entonces exsecretario de Finanzas, Mauricio Audirac, y otros servidores públicos la salida de estos recursos. Alcanza una pena de seis meses a seis años de multa.

El 31 de enero de 2018, la defensa de Javier Duarte logró que el juez ampliara seis meses el plazo para integración de pruebas. Será el 31 de julio que continuará el proceso legal del acusado.

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