Congreso de Querétaro aprueba eliminar el fuero

Es la segunda entidad en el país en avalar la medida, después de que en agosto pasado fue avalada en Jalisco.

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Los gobernadores y funcionarios de todos los niveles en Querétaro perdieron el fuero constitucional. El Congreso aprobó la iniciativa de ley en el Congreso estatal. (Imagen de contexto/redpolitica.mx) .
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Milenio
QUERÉTARO, Querétaro.- Los gobernadores y funcionarios de todos los niveles en Querétaro perdieron el fuero constitucional, luego de que ayer fue aprobada la iniciativa de ley en el Congreso estatal, con lo cual se convierte en la segunda entidad en el país en avalar la medida, después de que en agosto pasado fue avalada en Jalisco.

A su vez, en Campeche, el gobernador Alejandro Moreno presentó ante el Congreso del estado la iniciativa correspondiente, en busca de que los servidores públicos de todos los rangos y los gobernados estén en igualdad jurídica ante la ley.

En Querétaro los integrantes de la 58 Legislatura avalaron la reforma constitucional al artículo 38, con la cual se elimina el fuero para los funcionarios de alto nivel de la administración pública.

La reforma incluye a quienes ostentan los cargos de juez, fiscal general del estado y a los titulares de los organismos autónomos.

Aunque todavía falta el aval de las dos terceras partes de los 18 ayuntamientos locales, se prevé que pase sin contratiempos, pues son mayoría panista, principal partido impulsor de la reforma, además de que cuenta con la aprobación del mandatario estatal Francisco Domínguez.

En tanto, en Campeche, al presentar la medida ante el Congreso del estado, el mandatario local dijo que con esta iniciativa se busca quitar la inmunidad procesal al propio gobernador, a los titulares de gabinete, diputados locales, auditor superior, magistrados y jueces, alcaldes, regidores y síndicos.

Iniciativa

Además, la iniciativa incluye a los integrantes de las juntas municipales y comisarías, autoridades electorales, al titular de la Comisión de Derechos Humanos del estado, así como al presidente y demás miembros de la Comisión de Transparencia.

Moreno dijo que con esta forma, Campeche se coloca como un estado de vanguardia y comprometido con la transparencia y rendición de cuentas.

'La gente está harta de políticos corruptos; hoy la principal demanda social es erradicar la corrupción, la impunidad; quieren un sistema democrático moderno, donde la ley trate sin diferencias a  ciudadanos y políticos, simplemente como marca la Constitución', puntualizó.

En Jalisco, los diputados del Congreso completaron en agosto pasado el proceso para avalar las reformas secundarias a la eliminación de esa figura constitucional. 

Durante esa sesión ordinaria, la iniciativa recibió 33 votos a favor. Además, se dio cuenta del aval de 112 ayuntamientos que aprobaron en sus cabildos las reformas para eliminar este privilegio a la clase política.

Freno en veracruz

Otra entidad en las que ya había pasado esta iniciativa es Veracruz, pero fue frenada tras la controversia constitucional que interpuso el gobierno federal contra la creación del Sistema Estatal Anticorrupción.

En diciembre de 2015 el Congreso de Veracruz aprobó en primer periodo la iniciativa enviada por el gobernador Javier Duarte, que eliminaba el fuero para los próximos gobernadores, alcaldes, regidores y secretarios de despacho.

También establecía reglas para la designación del contralor general local y se creaba la figura de la fiscalía especializada en combate a la corrupción y magistrados anticorrupción.

El 19 de mayo los legisladores locales aprobaron en segundo periodo  la eliminación del fuero, que derogaba disposiciones del artículo 76.

El decreto fue enviado a los 212 municipios y aprobado por la mayoría de ellos, sin embargo a inicios de julio pasado la Procuraduría General de la República presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dos acciones de inconstitucionalidad contra los Congresos y gobernadores de Quintana Roo, Roberto Borge, y Veracruz, Javier Duarte, por las normas avaladas en esas entidades que se consideran violatorias de los principios del Sistema Nacional Anticorrupción.

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