Agencias
CUERNAVACA, Mor.- El Congreso de Morelos manifestó que no protegerá ni encubrirá a ningún diputado local al que se le compruebe algún vínculo con actividades delincuenciales.

Sin embargo, Lucía Meza Guzmán, perredista presidenta de la Mesa Directiva, pidió pruebas de los informes de inteligencia federal y estatal que vinculan a siete de sus compañeros de la 52 Legislatura en supuestos delitos del crimen organizado y en actividades ilícitas que se persiguen en el fuero común.

Rodrigo Dorantes, fiscal de Morelos, subrayó que las instituciones de seguridad del estado actuarán conforme a la ley y se harán las investigaciones correspondientes hasta que haya una denuncia.

MILENIO publicó el martes que los órganos de inteligencia de los gobiernos federal y estatal ubicaron a siete diputados locales, quienes están presuntamente relacionados con la delincuencia, entre ellos el petista Alfonso Miranda Gallegos, tío de Santiago Mazari Miranda, El Carrete, líder de Los Rojos en Morelos.

Esta banda es rival de Guerreros Unidos, grupo responsable de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, en la ciudad de Iguala, Guerrero.

Meza Guzmán señaló: “Hacemos un pronunciamiento conjunto como Poder Legislativo de Morelos para que tales imputaciones contra diputados no se hagan solo por la vía de la especulación, sustentadas en supuestos informes de inteligencia federal y estatal, sino por medio de actuaciones ministeriales y los canales adecuados que la autoridad disponga, producto de investigaciones serias y debidamente fundamentadas”.

En la conferencia de prensa participó el diputado panista Javier Bolaños Aguilar, a quien se señala en los documentos de inteligencia en actos de corrupción durante su paso como titular de la Comisión Estatal de Agua y Medio Ambiente, además de tener negocios con el exgobernador morelense Sergio Estrada Cajigal.

El legislador rechazó los informes sobre él y subrayó que ahí están las cuentas públicas de su gestión como funcionario para que sean verificadas y dijo estar en la mejor disposición de comparecer ante las autoridades correspondientes.

Respecto a la solicitud de desafuero que presentó la Fiscalía de Morelos contra el petista Alfonso Miranda, el panista explicó que no siguieron con el juicio de procedencia porque los delitos que le imputaban son del fuero común —injurias y amenazas— que ya prescribieron.

Al respecto, Lucía Meza comentó que “no se presentaron los elementos ni las pruebas que pudiera darles el indicio” de actividades delictivas por parte del petista.

Sobre si el Congreso local tiene la facultad para determinar lo que es o no válido en una investigación ministerial, indicó que debe ser la fiscalía la que presente todos los documentos para soportar su dicho.

El diputado del PRI Matías Nizano Morales, quien también es mencionado en los informes, aseguró que no existe alguna averiguación contra los legisladores.

“Le vamos a pedir al fiscal de Morelos que si hay alguna averiguación al respecto la haga pública y si no que lo manifieste. También en la PGR haremos una petición al respecto”, porque el honor está encima de muchas cosas, apuntó.

Mientras el fiscal Rodrigo Dorantes señaló que los diputados mencionados en los informes, encabezados por Matías Nazario, se comunicaron por teléfono con él para ponerse a disposición de las autoridades.

En un comunicado dio a conocer que la fiscalía manifestó a la presidenta del Congreso que en caso de que exista una cuestión jurídica contra los legisladores, se les hará saber por las vías legales correspondientes.