Agencia
CIUDAD DE MÉXICO.- El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que existen averiguaciones previas desde 2015 en contra de funcionarios de Sedatu y Sedesol por el delito de peculado y desvío de recursos.

Precisó que hay cuatro procesos abiertos en contra de seis servidores públicos, quienes ya fueron vinculados a proceso, pero que enfrentan las acusaciones en libertad, porque de acuerdo con la ley vigente, no cometieron delitos graves, a pesar de que el daño a las arcas de la nación es de 839 millones 769 mil 480 pesos, publica el periódico Excélsior.

“Aparte de esos cuatro procesos, hay tres averiguaciones previas retrasadas de 2015, que son de Sedesol con siete personas más y luego hay 16 carpetas, que incluyen a 57 personas de Sedesol y de Sedatu, que están en este momento llevándose a cabo todos los procesos de investigación para sujetarlas a los jueces", explicó.

También te puede interesar: EPN podría ser juzgado por corrupción y crímenes de lesa humanidad

Gertz Manero reconoció que estos resultados no son satisfactorios para nadie, pero el marco legislativo ha dificultado mucho el trabajo, además de que hay ocho amparos presentados, donde se declaró la suspensión definitiva, lo que impide llevar a cabo la audiencia inicial.

Sumamente cuidadoso de no dar a conocer los nombres de los inculpados, ni de los cargos que ocupaban en la Administración Pública, para evitar violaciones al debido proceso, el subprocurador especializado en Investigación de Delitos Federales, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, detalló que hay 23 carpetas de investigación, donde los exfuncionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Sedesol, son señalados por los delitos de peculado y ejercicio indebido del servicio público, porque hacían contrataciones indebidas, donde los servicios no eran prestados y había triangulación de recursos para su desvío.

A pregunta expresa, no descartó que en algún momento se puedan ofrecer beneficios procesales a exfuncionarios para que colaboren con la Fiscalía General de la República con información esencial que permita la persecución de un delito más grave del que se les imputa.