Agencias
MÉXICO, DF.- La Conferencia del Episcopado Mexicano denunció que en el último año se incrementaron las agresiones contra los defensores de migrantes por parte de agentes federales y estatales, así como de grupos del crimen organizado.

Entre el año 2004 y noviembre de 2012 se registraron 128. De 2004 a 2009 fueron 18, 29 en 2010, 32 en 2011 y 49 a noviembre de 2012.

Entre junio y diciembre de 2011 se documentaron 17 incidentes (siete en la zona sur, cuatro en el centro y seis en el norte). De enero a noviembre de 2012 se registraron 49 (16 en la zona sur, 15 en el norte y 18 en el centro).

En este plazo se detectaron que 25 incidentes fueron cometidos por agentes estatales, 38 por agentes no estatales y tres por grupos no identificados, según informa Milenio.

La Dimensión Pastoral de Movilidad Humana documentó que se violó el derecho a la vida, privaciones ilegales de la libertad, violaciones al derecho a la integridad y seguridad personal, el uso excesivo del sistema penal, injerencias arbitraras, violaciones al acceso a la justicia, amenazas y un incremento de acciones de deslegitimización y/o criminalización a la labor como personas defensoras de derechos humanos.

En dos casos se amenó con denunciar a los defensores por el delito de tráfico de personas a pesar de que el artículo 161 de la Ley de Migración establece como una excepción la actividad de las defensoras; en otro caso acusaron al defensor “de abandono de personas” por no brindarle atención médica adecuada a un migrante.

Se detectaron que 25 incidentes fueron cometidos por agentes estatales.

En este periodo el robo de información fue una práctica común, se recibieron testimonios de siete casos de injerencias arbitrarias que incluyen robo de información, allanamiento de oficinas e ingreso ilegal a los correos electrónicos.

Especial preocupación manifiesta el episcopado a las personas defensoras que laboran en el Estado de México y cuyos domicilios en la Ciudad de México fueron violados con la sola intención de robarles computadoras.

Las omisiones de las autoridades generaron que las demandas sociales legítimas se convirtieran en actitudes xenofóbicas.

De 2009 a junio de 2011 se encontraban 13 defensores con medidas cautelares de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y tres con medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Se solicitaron cuatro medidas de protección a la CIDH, de las cuales dos se desistieron (Tenosique, Tabasco, por el cambio de gobierno; Lechería, Tultitlán porque fue reubicado); uno se encuentra en trámite (Casa San José en Huehuetoca, Estado de México) y el último fue concedido “de oficio” por parte de la CIDH (Piedras Negras, Coahuila).

La conferencia considera que es importante que se cumpla el compromiso adquirido por el equipo de transición de Enrique Peña Nieto, de emitir una declaración pública que reconozca que las casas de migrantes y sus defensores no promueven la migración, no son refugio de delincuentes ni promueven las adicciones.