Crónicas Urbanas: Cuando se permitía cachetear a los delincuentes

Activistas de los derechos humanos obligaron a las autoridades a disminuir las presentaciones públicas de 'probables responsables' ante medios.

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Anteriormente se permitía fotografiar a los presuntos delincuentes. (Archivo/Notimex)
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Humberto Ríos Navarrete/Milenio
MÉXICO, D.F.- Los presuntos culpables en el DF, hasta hace poco, no solo eran presentados ante los medios informativos, sino que se permitía hacerles preguntas y fotografiarlos. Esa práctica venía de lustros. Incluso, refieren testigos, en una ocasión, cuando ejercía como mandamás de la policía Arturo Durazo Moreno, un reportero, después de la tradicional “presentación”, pidió permiso para cachetear en las galeras al supuesto violador serial.

La anécdota quedó archivada en la memoria como un detalle más en la historia interna de las salas de prensa, luego de exponer a “sospechosos”, como se les denominaba, en diferentes períodos, sin olvidar las pasarelas de famosas bandas que operaban en la Ciudad de México, o cuando atraparon al pícaro que se jactó de robar casas de expresidentes de la República, cuya historia, reunidas con las de otros, se llevó al cine.

Con el paso de los años surgieron organizaciones civiles de defensa de los derechos humanos y se crearon instituciones dedicadas al mismo tema; las primeras, sobre todo, comenzaron a cuestionar dichas prácticas y llevaron sus quejas a foros internacionales. Esto obligó a que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal disminuyera las presentaciones públicas de “probables responsables” ante medios de comunicación.

Por la sala habían desfilado “probables responsables” que guardaron silencio o negaron la culpabilidad achacada; otros, en cambio, no solo aceptaban, sino que pormenorizaban el supuesto hecho, y hasta sonreían; unos más se negaron a ser presentados; incluso, en últimas fechas, hubo quienes llegaron con abogados para oponerse.

Las autoridades, mientras tanto, y con el apremio encima, se ocupaban en la gestación de un protocolo que se adaptara a las circunstancias, pues argumentaban que mostrar a los presuntos era una forma de que más víctimas los identificaran, en caso de que hubiesen cometido otros delitos, como varias veces ocurrió. Las presiones para acotar esa práctica, sin embargo, crecían, y más aún con ostensibles pifias ministeriales.

Protocolo

El pasado martes, por fin, la Gaceta del DF publicó el denominado ‘Protocolo para la presentación ante los medios de comunicación de personas puestas a disposición del Ministerio Público’, mismas que serán presentadas “únicamente a través de fotografías, cuando hayan sido detenidas en flagrancia o caso urgente, en los supuestos siguiente:

“Que se trata de delitos graves así considerados por la ley y se presuma que el probable responsable pudiera estar relacionado con otras conductas delictivas en razón del modus operandi, la estadística criminal de la coordinación territorial, y que de la presentación de las fotografías pudiera derivar que sea identificado por otras víctimas.

En una ocasión, un reportero pidió permiso para cachetear a un supuesto violador serial

O que se trate de delitos considerados como de alto impacto social, que son aquellos que por su naturaleza, riesgo social, circunstancias personales de las víctimas y probables responsables, bien jurídico tutelado, monto tratándose de delitos patrimoniales y todos aquellos casos que sea trascendente informar a la ciudadanía de la detención del probable responsable”.

Y llegó la prueba de fuego.

La primera fue el pasado miércoles, un día después de publicado el protocolo, cuando el titular de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Tlalpan, Miguel Espejel Ramírez, presentó el caso de “una mujer que después de una discusión familiar privó de la vida a su pareja con arma blanca y tras el homicidio intentó darse a la fuga”.

El 1 de abril, a eso de las 11 de la mañana, policías preventivos arribaron a un domicilio ubicado en la colonia San Miguel Topilejo, delegación Tlalpan, donde encontraron a una persona “inconsciente”; poco después, paramédicos de una ambulancia certificaron que había fallecido.

La inculpada —añadió el fiscal— declaró que la madrugada de ese día su marido llegó a casa y que debido a un arranque de celos comenzó a golpearla, por lo que ella agarró un cuchillo —tenía 20 centímetros de largo— y se lo clavó en el pecho; luego, la mujer salió del domicilio y se reunió con sus amigos e ingirió bebidas embriagantes y fumó crack.

El fiscal fue cuestionado sobre las reglas recién estrenadas. Las reporteras fueron más incisivas. El funcionario respondió las inquietudes y emitió argumentos. Dijo que se trataba de un homicidio calificado y que respetaron los derechos humanos de la inculpada.

Y defendió su dictamen: “Como se da la mecánica de los hechos, hay elementos que hacen presumir que hay una ventaja, ya que la otra persona estaba descuidad y la probable responsable, de una forma dolosa, buscando el resultado, toma el cuchillo y le asesta un golpe mortal”.

Y volvieron a refutarlo.

Verdad histórica

El fiscal exponía sus argumentos y recordó que en un principio la mujer trató de inculpar a otra persona, pero los agentes de Investigación y el Ministerio Público, luego de concatenar otros medios probatorios, encontraron la verdad histórica. Por lo tanto, concluyó, “consideramos que es un asunto impactante para la comunidad”.

La que saldría mejor librada esa tarde de estreno fue la recién nombrada fiscal Central de Investigación, Lucía Reza Jiménez, quien durante diez años estuvo como responsable de la Agencia “E” de Homicidios de Mujeres, Diversidad Sexual y Feminicidios.

Expuso el segundo caso.

La funcionaria percibió pronto que los reporteros estaban “filosos”, algo que aludió con una sonrisa, e informó sobre el robo de una joyería en la delegación Iztapalapa, el primer día de este mes, donde aprehendieron a tres presuntos culpables, luego de intentar escapar.

Entre ellos había un adolescente, quien, según testigos, portaba un arma de fuego y amenazaba y exigía la entrega de dinero y joyas. Él quedaría a disposición de la Fiscalía Central de Investigación de Niñas, Niños y Adolescentes, donde resolverán su situación jurídica.

Videos de circuito cerrado del centro comercial y del local, explicó Reza Jiménez, “muestran que estos sujetos entraron a dicho establecimiento y después de amagar y lesionar por disparo de arma de fuego al vigilante, cometieron el robo”. Eran los mismos que en marzo robaron a dos comerciantes. Ellos lo niegan, pero hay evidencias.

Eso dicen.

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