Omar Brito/Milenio
MÉXICO, D.F.- El caso de los 43 normalistas desaparecidos no solo fue uno de los temas que más llamo la atención a escala internacional durante 2015, sino también de los que tuvo mayor intervención de organizaciones y organismo extranjeros, destaca un estudio del Senado.

El documento titulado “Intervención de organismos internacionales en el caso Ayotzinapa” refiere que fueron 21 instancias internacionales las que se pronunciaron o tuvieron alguna participación sobre el tema.

Resalta la injerencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) a petición del gobierno mexicano, así como la de la Corte Penal Internacional, la cual, señala, a diferencia de los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tiene resultados vinculatorios.

Para que esta Corte, con sede en La Haya, Países Bajos, intervenga, es necesario que se presente una denuncia formal ante este tribunal internacional contra un alto dignatario público y sea admitida; así como que, previo al inicio del proceso, se hayan agotado todas las instancias nacionales, y, “sobre todo”, que dentro del proceso penal se acredite que la violación a derechos humanos cometida es tanto sistemática como generalizada en el territorio nacional.

“La sentencia que eventualmente puede dictar la Corte Penal Internacional implica la responsabilidad personal del funcionario contra quien se siguió el procedimiento, quien incluso puede ser condenado a prisión”, detalla el documento.

Otro de los organismos que intervino en el caso, subraya el Senado, es el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, el cual envió un grupo de trabajo en marzo de 2015 que estuvo coordinado por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

“Este comité indicó en su informe final de la misión que realizó en México que el caso Ayotzinapa es emblemático; ‘el grave caso de los 43 estudiantes sometidos a desaparición forzada en septiembre de 2014 en el estado de Guerrero ilustra los grandes desafíos que enfrenta México en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y búsqueda de las personas desaparecidas”, apunta.

También recuerda que en su informe final el relator especial de Naciones Unidas Sobre Tortura, otro organismo que se involucró en el caso, señaló que la tortura en México ocurre especialmente desde la detención y hasta la puesta a disposición de la justicia, con fines de castigo e investigación, y que “es una práctica generalizada en un contexto de impunidad y que involucra a todas las fuerzas del orden”.

Lo anterior es resultado a la visita del relator Juan Méndez entre el 21 de abril y el 2 de mayo de 2014, informe que presentó en Ginebra el 5 de Mayo de 2015. En ese sentido, el recuento de la Cámara alta señala que José Antonio Meade, en ese momento titular de la cancillería mexicana, “encabezó un fuerte reclamo por las aseveraciones formuladas por el relator, pero el funcionario internacional no se retractó”.

El texto también puntualiza el pronunciamiento del Parlamento Europeo al expresar que México es uno de los “poquísimos” países observadores de la Unión Europea y socio estratégico. “Con ese motivo, el órgano parlamentario supranacional europeo, cuya sede se encuentra en Bruselas, Bélgica, recibió en febrero pasado a un grupo de padres y madres de los normalistas desaparecidos.

“El Parlamento Europeo no tiene jurisdicción sobre nuestro país; sin embargo, cualquier pronunciamiento de este órgano puede tener un enorme peso político en el ámbito internacional”, refiere.

El estudio da cuenta de la actividad de otras organizaciones no gubernamentales u organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos, el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Comité de los Derechos del Niño, Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y Comité contra la tortura, entre otros.