David Monry/Fernando Damián/Milenio
CIUDAD DE MÉXICO.- El alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, abandonó la demanda de juicio político contra el gobernador Graco Ramírez, legisladores locales y su antecesor, y anunció que buscará que sea la Procuraduría General de la República y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) las que intervengan en supuestas desviaciones de recursos federales que pertenecían al municipio.

El gobierno de Cuernavaca anunció que a la demanda de juicio político, iniciada el pasado viernes en la Cámara de Diputados, solo se le dará continuidad “en el momento oportuno, de así determinarlo necesario”.

A través de un comunicado, se detalló que la decisión de no continuar con dicho recurso se debió a un análisis por parte de los asesores jurídicos del ayuntamiento, respecto a la estrategia que se seguirá para evidenciar y combatir las conductas denunciadas de diversos servidores públicos de Morelos.

Por ello, se determinó presentar una denuncia ante la PGR, para que sea esa autoridad la que, en su caso, determine la responsabilidad no solo administrativa, sino también penal que corresponda por el presunto uso y destino de participaciones federales.

Además, el ayuntamiento de Cuernavaca presentará una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación “en contra de todos aquellos servidores públicos del Estado de Morelos que han dispuesto recursos federales que originalmente correspondían a los municipios”.

En el comunicado no se detalla por qué se supone un ejercicio indebido de recursos federales correspondientes a los municipios; sin embargo, la semana pasada, Blanco Bravo y otros alcaldes denunciaron que los diputados habían dispuesto en 2016 de casi 80 millones de pesos de recursos federales, que no les fueron entregados y que tampoco se conocía su destino.

Así, algunos de los integrantes de la 53 legislatura, que habían sido mencionados en la demanda de juicio político, son los que serán denunciados ante PGR y la ASF, así como el ejecutivo estatal y el antecesor de Blanco, el priista, Jorge Morales Barud.

“Por lo que hace a las conductas denunciadas de los demás servidores públicos, se hará valer la defensa que en derecho corresponda, para evitar que se sigan cometiendo conductas que transgreden la autonomía municipal”, se puntualiza en el comunicado.

Cuauhtémoc Blanco tenía hasta las 19:00 horas para asistir a la Secretaría General de la Cámara de Diputados y ratificar la demanda de juicio político, pero finalmente no se presentó, por lo que el recurso quedó automáticamente desechado.

El pasado viernes interpuso la acusación contra el gobernador de Morelos, el ex alcalde Jorge Morales Barud y 29 de los 30 integrantes del Congreso del estado.

Señaló a todos ellos de ejecutar acciones para entorpecer el funcionamiento de la alcaldía de la capital del estado de Morelos, en una franca violación a diversas disposiciones locales y de carácter federal.

La Secretaría General de la Cámara de Diputados recibió el documento y notificó al alcalde que tenía tres días naturales para ratificarlo personalmente.

Los legisladores locales incluidos en esa demanda de juicio político son los perredistas Julio Espín Navarrete, Hortencia Figueroa Peralta, Enrique Javier Lafitte Bretón y Eder Rodríguez Casillas; los priistas Francisco Moreno Merino y Mario Chávez Ortega.

También fueron imputados los legisladores Jaime Álvarez Cisneros, de Movimiento Ciudadano; Javier Estrada González, del Partido Verde; Julio César Yáñez, del Partido Social Demócrata, y Carlos Alaniz Romero, del PAN.

Blanco enfrenta a su vez tres procesos iniciados por los legisladores locales de Morelos para destituirlo: una revocación de mandato, una separación del cargo y un juicio político.

No obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió al alcalde de Cuernavaca tres suspensiones provisionales que impiden su separación del cargo, aun cuando los procesos se mantienen abiertos.

El Poder Judicial de la Federación advirtió que los diputados locales no tienen facultad para analizar y juzgar los requisitos de elegibilidad de ningún ciudadano, sino esa atribución corresponde a las autoridades electorales.