José Antonio Belmot/ Rubén Mosso/Rogelio Agustín/Milenio
CIUDAD DE MÉXICO.- El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) afirmó ayer que el expediente de investigación del caso Ayotzinapa se encuentra fragmentado y, simultáneamente, la Seido tiene abiertas 12 averiguaciones previas relacionadas.

En respuesta, la PGR rechazó tajantemente la aseveración y sostuvo que “el expediente es solo uno”, además de que la pesquisa está abierta y cualquier línea de investigación será agotada exhaustivamente, tanto por ser una obligación que la ley establece, como por convicción institucional.

La Oficina de Investigación del caso Iguala se encarga de la indagatoria de los hechos, mientras que la Seido conoce de eventos relacionados con delincuencia organizada y otros delitos de su competencia, sin que ello implique que deje de remitir a esa instancia las declaraciones de inculpados vinculados directamente con el caso Iguala para su desahogo.

Si bien, el equipo de especialistas de la CIDH hizo un reconocimiento a la PGR por los avances en la investigación, también dijo que la procuraduría busca generar “una quinta versión” de la desaparición de los normalistas ocurrida el 26 de septiembre de 2014, a partir de los indicios que apuntan hacia la probable separación de los 43 en dos grupos.

Según esto, 17 jóvenes habrían sido entregados por el jefe de plaza de Guerreros Unidos en Iguala, Gildardo López Astudillo, El Gil, a Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, quien los habría llevado al basurero de Cocula, donde fueron ejecutados.

Esta versión, basada en la declaración ministerial de El Gil, otro grupo de estudiantes fue trasladado a la localidad de Tijeritas, “rumbo a Texcoco”, al rancho de otro jefe de célula, de nombre Víctor Benítez Palacios, quien los habría disuelto en ácido.

Los integrantes del GIEI enfatizaron que esta versión “no responde a la verdad”, y se derivó por filtraciones a medios de comunicación, en particular, declaraciones que atribuyen a El Gil y a los hermanos Benítez Osiel, Los Peques.

En conferencia, aseguraron que estas declaraciones han sido modificadas, y no se encuentran asentadas en la averiguación previa 01/2015, por lo que reiteraron que generan confusión, “pues generalmente se trata de informaciones que no han sido contrastadas.

“Las revelaciones públicas de dichas detenciones intentan generar una quinta versión de los hechos en el sentido de que fueron 17 normalistas u otro número que habrían sido asesinados y quemados en el basurero (de Cocula).

“Muchas de estas filtraciones no responden a la verdad de lo que se dijo en las declaraciones, hay incluso casos de procesados que se han reservado (su declaración), mientras que en los medios se difunden informaciones en sentido contrario”, dijo Claudia Paz, integrante del GIEI.

A su vez, Ángela Buitrago subrayó que en el caso de los últimos detenidos les “consta” que algunos de ellos se reservaron su declaración “de manera total y los ponen a decir también afirmaciones que nunca fueron mencionadas por ellos en la diligencia frente a los expertos.

“Dentro de las afirmaciones que venimos diciendo del fraccionamiento, la parte de lo que corresponde a El Gil no hace parte de la investigación que lleva la Subprocuraduría de Derechos Humanos, se quedó en una averiguación previa diferente en la anterior unidad.

“Parte de lo que dicen que dijo esta persona no lo dijo nunca, porque sí conocemos la declaración que ha sido trasladada (...) podemos garantizar que mucha de la información que sale a nombre de este inculpado no está”, resaltó.

En tanto, Francisco Cox destacó que antes de la publicación de su informe todos los análisis y pruebas periciales solo daban cuenta de que los 43 estudiantes habrían sido incinerados en el basurero, pero, dijo, después comenzaron declaraciones en torno a esta quinta versión.

“Advertimos que será muy llamativo que surgiera una quinta versión, hasta esta fecha nadie contaba que los habían dividido en dos grupos y algunos habían terminado en el tiradero.

“Es solo después de nuestro informe que gente empieza a declarar que habría ocurrido esto, una separación de grupos”, dijo.

Rechaza fragmentación

La PGR puntualizó que en observancia a su mandato como coadyuvante técnico, el GIEI ha tenido acceso directo al expediente, como las detenciones señaladas por el propio grupo y, por otra parte, la Seido ha remitido a la oficina de investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos los datos de prueba que pudieran estar relacionados con los hechos, aun cuando esos datos pudieran haber tenido su origen en otros ilícitos ocurridos en fechas distintas.

El MP federal explicó que el traslado de la averiguación previa (integrada en ese momento por 154 tomos y en la que se acumularon 12 averiguaciones previas: PGR/SEIDO/UEIDMS/816/2014, 824/2014, 825/2014, 849/2014, 874/2014, 918/2014, 871/2014, 895/2014, 785/2013, 853/2014, 917/2014 y 1017/2014) del ámbito de la Seido a la nueva Oficina de Investigación creada en la Subprocuraduría de Derechos Humanos ocurrió a un mes del anuncio público y a una semana de que la CIDH decidiera prorrogar el mandato del GIEI.

“Desde el 7 de noviembre de 2015 el GIEI ha accedido al expediente en la Subprocuraduría de Derechos Humanos”, enfatizó la dependencia que encabeza Arely Gómez González.

Con relación a la consignación de los 22 policías señalados por el GIEI, y de los que aseguran pueden recobrar su libertad, la PGR recordó que la consignación la realizaron autoridades de Guerrero el 30 de septiembre de 2014, y el acto que reclamaron los uniformados en el juicio de amparo que promovieron es la formal prisión dictada por un juzgado del fuero común.

“Sin embargo, la PGR ha dado seguimiento al juicio de amparo, sobre el cual interpuso un recurso de revisión que será resuelto por el tribunal colegiado correspondiente.

“Es necesario aclarar a la opinión pública que estas personas están sujetas también a procesos federales por los delitos de delincuencia organizada y secuestro, por lo que en el supuesto sin conceder de que se actualizara la hipótesis señalada por el GIEI, ninguno de los 22 policías podrá obtener su libertad hasta en  tanto los jueces federales así lo ressuelvan”, detalló la PGR.

Durante la conferencia, Alejandro Valencia, mencionó que una investigación rápida hubiera evitado mayor sufrimiento a la familia de Julio César Mondragón, quien fue asesinado entre 26 y 27 de septiembre en Iguala.

“Se ha alertado a la PGR la necesidad de aportar nuevos elementos de prueba para evitar este tipo de problemas. Es importante resaltar que han aumentado los impactos en las víctimas por el largo proceso de espera para las pruebas de ADN, lo que ha arrojado sufrimiento a la familia. Este caso muestra el impacto de la burocracia, las excesivas normas procesales y la falta de sensibilidad de las autoridades en dicha práctica. Una respuesta rápida hubiera evitado sufrimiento a la familia”, reiteró.

Sobre ese tema, la PGR aseguró que brindó su apoyo a la representación legal en el seguimiento a la toma de muestra del ADN de Julio César Mondragón, dentro del proceso local. Las diligencias del caso fueron realizadas por una autoridad ministerial del fuero común, quien a su vez, consignó ante un órgano jurisdiccional del mismo fuero.

“Dichas diligencias fueron ordenadas por la autoridad judicial local, dentro de la causa penal y no constituye un acto de investigación ordenado por el Ministerio Público de la Federación, como pareciera entenderse, ya que la solicitud formulada por los familiares de Mondragón Fontes de toma de ADN, tuvo que pasar por la autorización y posterior trámite entre órganos jurisdiccionales estatales, sirviendo la PGR como conducto para acortar tiempos”.

La Procuraduría General de la República dijo que es importante aclarar que los señalamientos relacionados con el posible trasiego de droga entre Iguala y Chicago, forma parte de las diversas líneas que están siendo investigadas.

La dependencia federal también reiteró su rechazo y desaprobación a las filtraciones de información, por lo que ha instruido al MPF investigar estos hechos. Recordó que a esta información tienen acceso diversos actores procesales.

“La autoridad ministerial y los actores procesales tienen la obligación de guardar sigilo y secrecía en las indagatorias”, señaló la PGR

La procuraduría comentó que se encuentra analizando debidamente la pertinencia y el apego a la ley de cada una las solicitudes pendientes del GIEI para su acuerdo.

“En este sentido se informa que las primeras 177 solicitudes (26 por ciento del total de peticiones) ya están debidamente atendidas, las 31 formuladas en el periodo previo a la prórroga del mandato (cinco por ciento del total) y las 469 contenidas hasta este momento en la segunda etapa (69 por ciento del total) se encuentran con un amplio avance de atención”, agregó.

La PGR subrayó que mantendrá el espíritu de colaboración tomando como marco la asistencia derivada del mandato de coadyuvancia técnica con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.

Acusan nulo resguardo policiaco

Aunque han recuperado más de 130 cuerpos en fosas clandestinas de diferentes puntos del norte de Guerrero, los integrantes de Los otros desaparecidos realizan sus trabajos de búsqueda solo con el resguardo de tres elementos de la Policía Federal.

Mario Vergara Hernández, miembro del colectivo, que desde octubre de 2014 recorre cerros, barrancos y predios, donde les reportan la posible ubicación de fosas clandestinas con restos humanos, refirió que en los últimos meses el resguardo policiaco disminuyó de manera considerable.

La semana pasada, el abandono institucional fue tal, que los integrantes del colectivo suspendieron la búsqueda que realizarían en Apipilulco, comunidad perteneciente a Cocula, donde les habían alertado de un hallazgo sumamente importante, señaló.

“No llegó la seguridad del gobierno y los compañeros no quisieron ir, decidimos suspender, porque nos advirtieron que ir sin resguardo era muy peligroso, pues la zona se había calentado”, indicó el representante del grupo.

Ayer, la convocatoria para salir a realizar una búsqueda más estaba acordada a las 9 horas en la parroquia de San Gerardo, en Iguala, pero a las  10:30 horas decidieron ir sin custodia de la policía.

“Análisis, innecesario”

• Los integrantes de la GIEI reiteraron que no consideran necesario un tercer peritaje en el basurero, que incluirá al perito peruano José Luis Torero, quien rechazó la posibilidad de que los 43 normalistas pudieron ser incinerados en ese lugar.
• Argumentaron que las mismas versiones que se encuentran asentadas en el expediente "no solo no apuntan al tiradero, sino a direcciones totalmente diversas", que son las que se han tratado de investigar".
• Buitrago destacó que la versión del basurero se sustentó a partir de cinco declaraciones de los presuntos responsables; mientras que, dijo, 11 inculpados apuntaron a sitios "diferentes".