Agencias
MÉXICO DF.- Un juez federal de la Ciudad de México no aceptó conocer el juicio de amparo que promovieron Francisco Arriola Urbina, ex esposo de Elba Esther Gordillo, y René Fujiwara Apodaca, ex yerno de la maestra, quienes alegaron que la Procuraduría General de la República (PGR) busca detenerlos.

Según una nota de milenio, la  misma petición hizo la ex diputada de Nueva Alianza, Silvia Luna Rodríguez, al argumentar la existencia de una orden de aprehensión librada por un juez federal adscrito al penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco.

Funcionarios del Poder Judicial Federal informaron que el juzgado segundo de distrito de amparo en materia penal, con residencia en el Distrito Federal, no aceptó conocer las demandas de garantías de los quejosos, debido a un conflicto de competencia.

El asunto llegó a dicho juzgado porque el juez primero de distrito de amparo en materia penal, en Jalisco, tampoco quiso conocer el asunto, al alegar un problema de jurisdicción.

El asunto tuvo que ser turnado a un Tribunal Unitario en Materia Penal para que determine cuál de los dos juzgados tiene que estudiar el caso.

Los quejosos promovieron en amparo debido a la investigación que se realiza por operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero contra Gordillo, dinero que se presume sirvió para beneficiar a sus allegados.

Es de mencionar que Arriola es padre de la senadora del Partido Nueva Alianza, Mónica Arriola, y por años se desempeñó como tesorero del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Mientras que Fujiwara Apodaca es padre del legislador del citado partido, René Fujiwara Montelongo, hijo que procreó cuando estuvo casado con Maricruz Montelongo Gordillo.

Silvia Luna Rodríguez fue diputada por Nueva Alianza y presidenta del CEN del SNTE.

Los quejosos mencionaron que la orden de aprehensión pudo haberla solicitado la Procuraduría General de la República en el juzgado primero de procesos penales federales en Puente Grande, municipio de Juanacatlán.

Cabe señalar que el pasado lunes, el juez sexto de distrito de procesos penales federales con sede en el Reclusorio Preventivo Oriente, Alejandro Caballero Vértiz, dictó auto de formal prisión a Gordillo, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Junto con ella se sujetó a proceso penal a Nora Guadalupe Ugarte Ramírez, Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores, quienes fueron acusados por la PGR de realizar transferencias bancarias a cuentas propias y después a cuentas de Gordillo.

Se cree que más de 2 mil millones de pesos del SNTE fueron desviados para que la ex lideresa pagara vuelos privados y pilotos y adquiriera viviendas en la Isla de Coronado, en San Diego, California.

El dinero también lo utilizó para el pago de cirugías reconstructivas en hospitales estadunidenses de California; otra parte de los recursos se depositaron en cuentas de Suiza y el principado de Liechtenstein, y para la liquidación de compras que llevó a cabo en almacenes de lujo.

Indagatoria no va contra nadie en particular

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que las investigaciones en torno al desvío de recursos en el SNTE no están dirigidas a personas en específico, sino a esclarecer los hechos.

“Quiero dejarlo claro: no va dirigido a personas, va a esclarecer este hecho que se denunció por parte de la Secretaría de Hacienda y que entonces se tiene que ver a diferentes grupos, personas adónde iban dirigidos los recursos, pero llevarán un cause normal como cualquier investigación”, dijo en entrevista al término de su participación en el nombramiento de la presidencia del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF.

También agregó que hasta ahora el proceso en contra de Elba Esther Gordillo se seguirá al interior del penal y aunque su estado de salud se estará monitoreando no se ha determinado un traslado a otro sitio.

En tanto, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, al respecto dijo que el juez apenas abrió el proceso de pruebas y a partir de éste se irán deslindando responsabilidades.

“En este momento la investigación está concentrada en las tres personas que consignamos, en función de eso veremos si se va a consignar a alguien más”, dijo.