CIUDAD DE MÉXICO, enero 10 (EL UNIVERSAL).- Un juez federal emplazó a las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión para que en el término de 10 días corrijan la Ley General de Comunicación Social promulgada en 2018 o emitan una nueva.

En su acuerdo, el secretario de acuerdos en funciones de juez Sexto de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México, Antonio Hernández, ordenó requerir a los legisladores federales a dar cumplimiento a la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) o de lo contrario dará inicio al procedimiento de inejecución de sentencia.

"En caso de no cumplir lo anterior, sin causa justificada, se realizará lo siguiente: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero, del artículo 193 de la Ley de Amparo invocada. b) En términos de los artículos 238 y 258 de la citada Ley, se impondrá a las personas físicas que ostenten los cargos de las citadas autoridades, una multa por cien veces la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley citada, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación".

Advirtió que en caso de que los funcionarios requeridos dejen su cargo, seguirán siendo responsables de desacato al fallo emitido por la SCJN.

Según los estrados judiciales, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados solicitó a la ministra presidenta de la Primera Sala de la Corte, Margarita Ríos Farjat, una prórroga para dar cumplimiento a la sentencia de amparo.

Por ello, el secretario en funciones de juez consideró que los 10 días que concedió en su acuerdo deberán ser tomados como el nuevo término solicitado por los Diputados Federales.

En septiembre pasado, los ministros consideraron que la Ley General de Comunicación Social atenta contra la libertad de expresión, en virtud de que omite criterios claros y objetivos no solo sobre el ejercicio del gasto público en materia de comunicación social, sino también en materia de contratación de medios.

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