Agencias
MÉXICO, D.F.- El gobierno federal presentó dos nuevas demandas de controversia constitucional contra los gobiernos estatales y congreso locales de Zacatecas y Baja California, debido a que la expedición de sus leyes en materia educativa contravienen el espíritu de la reforma educativa.

La Secretaría de Educación Pública dio a conocer que el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, Humberto Castillejos Cervantes, en representación del Presidente de la República, presentó las demandas de controversia constitucional.

La dependencia precisó que en el caso particular del estado de Baja California, el poder legislativo estatal aprobó la Ley del Servicio Profesional Docente de la entidad invadiendo gravemente las facultades que expresamente le atribuye la Constitución Mexicana al Congreso Federal en todo el país. Sin embargo, la SEP no detalló las causas por las que se presentó la controversia en contra de Zacatecas.

"Con estas controversias el gobierno de la república busca que se declare la invalidez de estas normas locales por ser inconstitucionales, con el fin de que se garanticen la congruencia de los marcos jurídicos locales con lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes secundarias en materia educativa".

Otros estados en controversia

Las dos controversias contra Zacatecas y Baja California se suman a las presentadas el 15 de abril pasado, también contra las legislaturas y ejecutivos estatales de Oaxaca, Sonora, Michoacán y Chiapas. En el caso de la primera entidad, por la omisión de legislar en materia educativa acorde a la Constitución; y respecto de las otras tres entidades, por aprobar leyes que no se armonizan con la Reforma Educativa.

La SEP subraya que en todos los casos, la finalidad de esas controversias es que, "si la Suprema Corte de Justicia de la Nación las considera fundadas, se obligue a los Poderes Legislativos de dichas entidades a emitir sus legislaciones en materia educativa conforme a lo que establece la Constitución del país".

En ese sentido, la dependencia sostuvo que con esas medidas, el gobierno de la república reitera su responsabilidad de vigilar que la legislación local de todas las entidades del país esté en perfecta armonía con la reforma constitucional en materia educativa y con las leyes generales correspondientes, en beneficio de la niñez mexicana al tener un marco legal que garantice una educación de calidad.