Agencias
MEXICO, D.F.- Organizaciones de derechos humanos solicitaron el viernes a la Corte Penal Internacional que investigue graves violaciones a los derechos humanos presuntamente cometidas por las fuerzas armadas y policías en Baja California.

Tres organizaciones, entre ellas la Federación Internacional de Derechos Humanos, informaron en un comunicado que la petición va acompañada de un reporte que documenta casos de tortura, desaparición forzada y privaciones a la libertad entre 2006 y 2012 en el estado fronterizo con Estados Unidos que por años fue uno de los lugares que más padeció la violencia del narcotráfico, lo que llevó a las autoridades a reforzar el despliegue de fuerzas del orden.

En 2012 esas organizaciones hicieron una primera petición para que la Corte indagara la situación en todo México. Esta es una ampliación de aquella pero enfocada en un caso específico, el estado de Baja California, dijo a The Associated Press Paulina Vega, vicepresidenta de la Federación.

"Es un ejemplo concreto sobre la actuación de la fuerza federal", comentó y agregó que sobre la petición de 2012 la Corte les informó hace algunos meses que lo recibieron y que analizaban si le daban curso.

El vocero del gobierno de Baja California, Roberto López, dijo que no podía comentar la petición porque no la conocía aunque señaló que desde que entró el actual gobierno estatal a fines de 2013 "se realicó un trabajo para fortalecer (el área) de derechos humanos".

El gobierno federal no emitió ningún comentario.

El período de 2006 a 2012 coincide con el gobierno del presidente Felipe Calderón, quien al llegar al poder lanzó una ofensiva inédita contra el narcotráfico que incluyó el despliegue de miles de soldados y policías federales en diversas zonas del país.

Pero la presencia oficial no inhibió la violencia, que según cálculos de las propias autoridades se tradujo en más de 70 mil muertos en ese lapso.

Activistas mexicanos acudieron en 2011 a la misma Corte Penal Internacional para pedirle que investigara a Calderón y su gobierno por la comisión de posibles crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Esa solicitud no prosperó.

La administración de Calderón defendió en todo momento su actuación y rechazó que se hubiera incurrido en violaciones a los derechos humanos, algo en lo que no coinciden las organizaciones de derechos humanos.