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México.- Diecinueve niños murieron entre los escombros del Colegio Enrique Rébsamen, en la delegación Tlalpan, tras el sismo de magnitud 7.1 del 19 de septiembre. En cuanto se conoció este caso, comenzaron a surgir interrogantes, y acusaciones de vecinos, respecto a posibles irregularidades en la construcción del colegio, que habrían repercutido en el colapso. 

La cadena Televisa indicó este domingo que, a través de una solicitud de información al Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (INVEA), se sabe que el colegio tenía en su historial una operación irregular, que le permitió funcionar como escuela, aunque en realidad su uso de suelo era habitacional, informa Animal Político.

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De acuerdo con el reporte de la televisora, el INVEA realizó una verificación y notificó. Entonces, los propietarios del colegio presentaron un certificado de derechos adquiridos, pero el documento era falso, según verificó a la postre la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, de la capital del país.

Ante esta situación, se detalló en la nota transmitida este domingo, el INVEA presentó una denuncia penal contra el colegio, por falsificación de documentos. No se detalló en qué momento ocurrió esta situación, en qué estatus está la demanda, y cómo es que el colegio siguió operando, a pesar de que se había detectado esa irregularidad.

La delegación Tlalpan, según el reporte, indicó que los dictámenes técnicos de la estructura de un edificio en la Ciudad de México, están a cargo de un director responsable de obra, o DRO, que depende de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y un corresponsable de seguridad estructural, un particular que es autorizado por la propia Seduvi.

El INVEA, en tanto, refirió que los permisos de construcción y protección civil son del ámbito de cada una de las delegaciones.

En ese sentido, este domingo el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, dijo que corresponde a las autoridades locales, de la Ciudad de México, verificar el uso de suelo y la seguridad de las construcciones, y no a la SEP.

“Todos los requerimientos que pide la SEP para operar se los da la autoridad local, porque la SEP no tiene el peritaje… ni tampoco el uso del suelo”, dijo Nuño.

“Nosotros estamos obligados por ley a que las autoridades locales son los que definen los usos de suelo, son los que definen los temas de seguridad de la construcción y que nos den los documentos avalados por ellos y, si eso existe, nosotros permitimos la operación en escuela en términos educativos”, agregó.

La jefa delegacional de Tlalpan, Claudia Sheinbaum, dijo que debía realizarse un peritaje, antes de hacer la demolición del edificio, para determinar si estuvo mal construido.

Un día después del sismo de magnitud 7.1, Francisco Fontano, un vecino del colegio, señaló en su cuenta de Facebook una serie de irregularidades que había detectado en esa construcción.

“Era un colegio ilegal. Construido a escondidas violando sellos de clausura. Su secundaria operó tres años con sellos de clausura hasta que quien sabe a quien sobornaron para legalizarlo. La secundaria tenía un patio de tamaño ridículo, sin área de seguridad. Las columnas que lo levantaban invadían parte de las escaleras”, indicó Fontano.

“En una emergencia, la única salida era llevar a los niños a la primaria. Para hacer esto, el único camino era el edificio administrativo. El que colapsó”, agregó.

Este domingo, el diario Reforma indicó que, entre los antecedentes del colegio, está la suspensión de obras de ampliación por presuntas irregularidades; al menos tres clausuras, una de ellas por exceder la altura permitida para una escuela; además de la construcción de dos casas, que presuntamente eran de los propietarios de la escuela, y ubicadas en lo alto de edificios que se derrumbaron.

Con información de Noticieros Televisa y Reforma.