Agencias
MÉXICO, D.F.- Por considerar inverosímiles, inconsistentes e ilógicas las declaraciones de policías y por falta de pruebas de la Procuraduría General de la República (PGR), un juez federal dejó en libertad a 11 detenidos durante los disturbios del 20 de noviembre en el Zócalo, que siguieron a las movilizaciones pacíficas para exigir la aparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.

Uno de los factores que el juzgador tomó en cuenta en su resolución fue que los agentes de la Policía Federal (PF) no aseguraron objetos como bombas molotov, piedras y palos “para tener la certeza de su existencia” y de que fueron empleados por una turba que agredió a uno de sus compañeros, según informa Milenio.

Exhibió además que el “rastreo” que hizo la Dirección General de Prevención de Delitos Cibernéticos de la PF por medio de correos electrónicos y redes sociales de los inculpados tampoco “aportaron datos incriminadores para acreditar los elementos del cuerpo del delito de asociación delictuosa”, pues no demostraron ni siquiera que los detenidos se conocían.

Inclusive reclasificó la acusación de tentativa de homicidio que fincó la PGR por la de lesiones, debido a que consideró que la primera carecía de sustento jurídico, aunque finalmente la anuló igual que los cargos de motín y asociación delictuosa.

Sin intención

El juez 17 de Distrito con residencia en Xalapa, Veracruz, informó que sustentó el caso (expediente 45/2014) en el principio de presunción de inocencia. Los inculpados, tres mujeres y ocho hombres, entre ellos el chileno Lawrence Maxwell Ilabaca, estudiante de Letras en la UNAM, salieron ayer de penales federales.

A las 9:00 horas se dictó el auto de libertad debido a la “insuficiencia de pruebas aportadas por el agente del Ministerio Público de la Federación para acreditar en su totalidad los elementos del cuerpo de los delitos de lesiones, asociación delictuosa y motín”.

Respecto a la acusación de homicidio en grado de tentativa, el juez consideró que los testimonios de los policías de la División de Fuerzas Federales que detuvieron a los 11 inculpados no demostraron que hubo intención de asesinar a uno de los agentes que participaron en el operativo en el Zócalo.

“De las declaraciones se advierte que muchos de los golpes que propinaban los agresores daban en el escudo y equipo de protección del ofendido, causándose daños ellos mismos, de modo que no resulta lógico deducir que si unas personas pretenden privar de la vida a otra, se hagan daño ellas mismas (…) se trata de una contienda que se origina porque advirtieron los agentes aprehensores que se veía amenazado el Estado Mayor Presidencial y por eso decidieron intervenir”, dijo.

Declaraciones inconsistentes

Además, advirtió “algunas inconsistencias en las declaraciones de los agentes, ya que el número inicial de ‘alborotadores’ no es el mismo en todo momento, pues en un primer instante se menciona que son 30, después dice que se le suman 16, 18 y finalmente sostienen que las personas que intervienen en la trifulca y quieren huir son asegurados, siendo detenidos los 11 inculpados”, lo que, según el juez, “crea incertidumbre y resta credibilidad a su dicho”.

En cuanto al delito de motín, indicó que la PGR no demostró que los inculpados generaron violencia en grupo para “causar un menoscabo a la autoridad del Estado o presionar a éste, a fin de que tome una decisión en determinado sentido”.

Montaje judicial

Por su parte, familiares de los 11 liberados analizan si solicitarán la reparación del daño por haber sido privados de su libertad. En la explanada del Palacio de Bellas Artes, en la jornada cívica del movimiento Arte y cultura 43+11, aseguraron que sus hijos no cometieron ningún delito y demandaron la renuncia del procurador Jesús Murillo Karam.

“Él claramente lo dijo, si nuestros inocentes familiares no fueron procesados, él renunciaba; ahora le pedimos su renuncia”, dijo Édgar Garduño, hermano de Liliana Garduño. Además, expresaron su gratitud por el apoyo recibido y la presión generada a través de redes sociales. 

Finalmente, se dijeron indignados por “el montaje judicial” y denunciaron la violación al derecho a manifestarse contra la violencia.