Fernando Damián/Milenio
MÉXICO, D.F.- A 20 años del quebranto y posterior rescate del sistema bancario, la deuda neta por ese concepto asciende a 838 mil 761 millones de pesos, en contraste con los 687 mil 844 millones que originalmente heredó el extinto Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

Aunque el adeudo actualizado es 18 por ciento superior al inicial en términos nominales y representa 150 mil 917 millones más, los estados financieros del IPAB subrayan que su deuda neta al cierre de septiembre pasado es 36.84 por ciento menor a la registrada en diciembre de 1999, en función del porcentaje del producto interno bruto que significan dichos pasivos.

Adicionalmente y de acuerdo con los informes oficiales del organismo, la amortización por el vencimiento de Bonos de Protección al Ahorro entre 2003 y abril de 2014 ha sumado la erogación de un billón 496 mil 843 millones de pesos.

Las proyecciones para el periodo 2015-2021 anticipan obligaciones de pagos por un total de 799 mil 684 millones a los poseedores de los referidos bonos, aunque el mayor volumen de vencimientos está previsto para 2015 (164 mil millones de pesos) y 2016 (181 mil millones de pesos más).

"Van a ser ya 20 años y creo que es uno de los monumentos más grandes a la corrupción, a la complicidad, al despilfarro y a la impunidad: fue el prototipo más evidente de cómo las pérdidas se hacen públicas y las ganancias privadas", sostuvo Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la primera comisión investigadora del rescate bancario en la Cámara de Diputados durante el periodo 1998-2000.

Aun cuando despachos externos y después la Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentaron la existencia de créditos y operaciones irregulares entre la cartera vencida que el país asumió como deuda, a la fecha no hay ningún accionista bancario ni funcionario público en prisión por fraude o algún otro delito financiero vinculado al quebranto de 1994-1995.

"Había créditos inexistentes, créditos sin garantía, créditos relacionados o autopréstamos entre los accionistas, créditos mal documentados y todo eso fue uno de los factores decisivos para llevar a que el nivel del pasivo de la crisis financiera se elevara tanto", detalló Ramírez Cuéllar.

El ahora experredista subrayó que, no obstante los actos ilícitos que a la postre generaron el quebranto, no hubo absolutamente ninguna sanción.

"El único que cayó en la cárcel fue el banquero (Jorge) Lankenau, pero al final de cuentas no por el quebranto de su banco (Ábaco Confía), sino por una operación de las llamadas offshore (paraísos fiscales) que hizo ahí en el sistema financiero, mientras otros como Carlos Cabal Peniche (Unión) e Isidoro Rodríguez, alias El Divino (Banpaís), salieron demasiado rápido", recordó.

En entrevista, remarcó que, a diferencia de otros países y de otros quebrantos bancarios, aquí ni un funcionario de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ni de la Secretaría de Hacienda, y tampoco ningún banquero, fue sujeto a proceso, dando como resultado las investigaciones realizadas al Fobaproa y al quebranto financiero".

La millonaria deuda deriva de la crisis bancaria de 1994-1995, al comienzo de la administración del expresidente Ernesto Zedillo, cuando la devaluación del peso frente al dólar y la reducción de las reservas internacionales del país colapsaron a las instituciones bancarias.

El gobierno federal intervino entonces el sistema financiero con un costo inicial de 552 mil millones de pesos, que Zedillo propuso asumir como deuda en un proyecto de ley enviado al Congreso de la Unión en 1998.

"Fueron dos factores: uno, propiamente el rescate de los bancos, pero que al final de cuentas fue un rescate de las instituciones bancarias. Y el otro fue el Programa de Apoyo a Deudores. Más o menos el monto total de la deuda fue de dos billones de pesos, de los cuales 350 mil millones constituyeron la base del programa de los deudores y el resto fue casi un billón 700 mil millones para resolver el quebranto de las instituciones bancarias", precisó.

Según Ramírez Cuéllar, el desarrollo del país se postergó indefinidamente en muchas áreas por la decisión de desviar cantidades multimillonarias del presupuesto público hacia el rescate financiero.

"Se dejaron de invertir miles de millones de dólares en áreas fundamentales para el desarrollo del país en materia de educación, salud, infraestructura, y prácticamente pudiéramos decir una postración y un olvido en la inversión para el desarrollo por cubrir los pasivos bancarios", acusó.

Recordó que el procedimiento para el rescate bancario fue una compra masiva de cartera por parte del Fobaproa, para venderlo después poco a poco en paquetes completos de créditos de consumo mezclados con créditos hipotecarios, créditos empresariales, cuyo gran negocio era para las empresas compradoras de deuda que realizaban la cobranza o la venta de los activos.

"Fuimos los primeros que detectamos la deuda que querían pasar por debajo del agua, oculta en aquella iniciativa de Zedillo, y nosotros fuimos los que alertamos que en el presupuesto enviado se escondía este endeudamiento del rescate bancario y que por debajo del agua lo querían convertir en deuda pública... a partir de esta denuncia salta toda la suciedad, todas las irregularidades", indicó.

La Cámara de Diputados no ha dejado de asignar año con año desde entonces el presupuesto necesario para pagar los compromisos del IPAB, independientemente de la deuda pública contratada directamente por el gobierno federal para destinarla al financiamiento de proyectos de infraestructura.