Agencias
MÉXICO, D.F.- El presidente Enrique Peña Nieto anunció el martes que efectivos del Ejército y la Marina continuarán en las calles en labores de seguridad pública, mientras se define una nueva política en la materia que permita su regreso a los cuarteles.

Su antecesor, Felipe Calderón, mantuvo durante los seis años de gobierno una estrategia de seguridad y combate al narcotráfico sustentada entre otras cosas en el despliegue inédito de miles de elementos castrenses en calles del país.

Peña Nieto, que hace tres días asumió el poder como presidente de México para los próximos seis años, ha dicho que modificará la estrategia de seguridad para enfocarse más en la reducción de la violencia que en la captura de líderes del narcotráfico, aunque no ha dado detalles específicos de cómo lo haría, según informa Associated Press.

Hasta el momento, sólo ha propuesto centralizar las labores de seguridad en la Secretaría de Gobernación y crear una gendarmería, además de que el sábado anuncio que prepara una iniciativa para crear un solo código penal para todo el país, en lugar de los 33 estatales que existen en este momento.

"En tanto se aplica la nueva política de Estado por la seguridad y la justicia que permita su gradual regreso a los cuarteles, las fuerzas armadas continuarán en labores de seguridad para los mexicanos", dijo Peña Nieto en un desayuno que le ofrecieron miembros del Ejército y la Marina.

El Mandatario elogió las tareas que realizan y les pidió que en cualquiera de sus labores sean "escrupulosamente respetuosos de los derechos humanos".

Más de 45,000 militares fueron desplegados durante el gobierno de Calderón para enfrentar al crimen organizado y grupos de derechos humanos señalaron en diferentes reportes que algunos soldados cometieron violaciones a las garantías, incluidas agresiones sexuales y tortura, durante su participación en operativos contra el crimen organizado.

Pese al despliegue de las fuerzas federales, la violencia atribuida a los carteles de las drogas no fue inhibida por completo, aunque en 2012 las autoridades han reportado el inicio del descenso de los homicidios.

Algunas estimaciones señalan que en el gobierno de Calderón se registraron unos 60,000 muertos atribuidos al crimen organizado. El gobierno divulgó cifras sólo hasta septiembre del 2011, cuando ubicó el número en poco más de 47,500 víctimas.

Calderón insistió a lo largo de su gobierno que paulatinamente se retiraría a los militares en el combate al crimen organizado, aunque para ello se necesitaba tener ciertas condiciones, como policías confiables. Al final de su mandato, ningún soldado volvió a su cuartel.

Diversos organismos, incluida la ONU, señalaron desde el inicio del gobierno de Calderón que el uso del ejército en el combate al crimen debía ser de corto plazo debido, sobre todo porque su capacitación es distinta de las tareas policiales.