Agencias
MÉXICO, D.F.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 73/2013 al Gobierno de Sonora, por la supuesta violación de las garantías individuales de una mujer que estuvo arraigada en las instalaciones de la Policía Estatal Investigadora de Guaymas.

En un comunicado, que difunde Notimex, el organismo defensor sostuvo que a la víctima se le vulneraron los derechos a la legalidad, a la seguridad jurídica, a la debida procuración de justicia, a la verdad, al honor y a la imagen.

Como resultado de la indagatoria, se demostraron "la práctica indebida de diligencias de manera negligentes, así como la indebida preservación de indicios y omisiones de cuidado en la investigación de los hechos", expuso la CNDH.

Refirió que la víctima fue detenida el 28 de septiembre de 2013 en cumplimiento de una orden girada por el encargado de la Agencia Investigadora del Ministerio Público Sector 1, por su presunta participación en los delitos cometidos en agravio de otra persona.

El 5 de octubre de 2013, elementos de la policía investigadora encontraron a la agraviada sin vida en su celda, lo que hicieron del conocimiento del agente del Ministerio Público de esa localidad, por lo que se inició la averiguación previa respectiva.

La CNDH agregó que el expediente se encuentra "en archivo" ya que el 24 del mismo mes se dictó un acuerdo del no ejercicio de la acción penal, al considerar que la víctima murió "a consecuencia de circunstancias propias de su voluntad".

Sin embargo, peritajes realizados por personal de este organismo y el análisis del expediente, permitieron encontrar evidencias que acreditan transgresiones a los derechos humanos de la occisa.

El 5 de noviembre de 2013, peritos de la comisión inspeccionaron la base operativa de la Policía Estatal Investigadora en Guaymas, y advirtieron que la autoridad ministerial y sus auxiliares omitieron resguardar el lugar donde fue encontrada sin vida.

Estas irregularidades, refirió, ocasionan que no se cuente con elementos técnico científicos que permitan establecer que la muerte de la mujer derivó de "maniobras observadas en personas que se han privado voluntariamente de la vida".

Los peritos de la CNDH determinaron que personal pericial de la PGJE emitieron un juicio de valor que no les correspondía, al señalar que la causa de muerte de la víctima "fue asfixia por ahorcamiento, conclusión que únicamente podría dictaminar el médico forense".

Muerte por asfixia mecánica

Tras la exhumación del cadáver de la víctima, la CNDH concluyó que la causa de la muerte fue "asfixia mecánica", con lo que se da cuenta que el fallecimiento "no fue producido de manera autoinfligida".

Asimismo, el perito del organismo defensor precisó "que no encontró indicios objetivos que fundamenten y sustenten que la causa específica de la muerte haya sido consecuencia de asfixia por ahorcamiento".

La CNDH también refirió que existen faltas de diligencia, a fin de que la indagatoria contara con elementos suficientes para establecer los hechos con exactitud.

"En consecuencia, una seria limitación al derecho a conocer la verdad que merece ser reparado a los familiares de la víctima", expuso.

La CNDH indicó que la Fiscalía debe aclarar fehacientemente la falta de elementos para establecer el suicidio de la víctima, ya que al difundir esta versión por el procurador estatal, se atenta contra la imagen y el honor de la víctima, además de la revictimización de los familiares.

La CNDH recomendó al Gobierno del Estado de Sonora se proceda a la reparación del daño ocasionado a los familiares de la víctima y se les brinde la atención médica y psicológica necesarias durante el tiempo que sea necesario".