Agencias
MÉXICO, DF.- Apartir del primer minuto de 2013 entró en vigor la ley que obliga a los elementos de la Marina a ajustarse a la Constitución y los tratados internacionales en sus labores de seguridad interior y combate a la delincuencia organizada, la cual establece que no podrán pasar por encima de las autoridades locales.

Bastaron tan solo seis días del gobierno del presidente Enrique Peña para lograr los acuerdos necesarios para aprobar y publicar el decreto de la inciativa en el Diario Oficial de la Federación, según informa Milenio.

Se trata de una iniciativa presentada por el ex presidente Felipe Calderón el 1 de octubre de 2009, pero que su aprobación, con modificaciones a la propuesta original, fue postergada durante tres años en el Congreso.

Los cambios no aceptados por el anterior gobierno, pero que en el de Peña Nieto avanzaron sin dilación, fueron la adición de que el poder naval puede emplearse en la defensa exterior y seguridad interior del país “en los términos que establece la Constitución, las leyes que de ella derivan y los tratados internacionales”, así como aclarar la redacción del artículo 3 para evitar una incorrecta interpretación de las órdenes del Mando Supremo, respecto de los gobiernos locales.

La propuesta de Calderón únicamente consistía en cambiar la redacción del artículo 1 para quitar el verbo “coadyuvar” en la seguridad interior del país para hacer más contundente que la misión de la Armada es emplear el poder naval en seguridad interior. No obstante, esos cambios no se realizaron y en su lugar se agregó el imperativo para ajustarse a los términos de la Constitución.

La otra diferencia que nunca aceptó el anterior gobierno está en el artículo 3, donde el texto, antes de la reforma, señalaba que la Armada ejecutará sus atribuciones en coadyuvancia con las dependencias del Ejecutivo federal cuando lo ordene el Mando Supremo o las circunstancias así lo requieran.

Calderón propuso sacar del artículo lo referente a las dependencias federales y agregar el tema de la “coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno cuando el Mando Supremo lo ordene o las circunstancias así lo requieran”.

Lo aprobado apenas el 6 de diciembre pasado mantiene el tema de la coadyuvancia con las dependencias federales “cuando lo ordene el Mando Supremo”, pero agrega que “podrán coordinarse con otros órganos de gobierno que así lo requieran y de conformidad con lo establecido en la Constitución”, las leyes y los tratados internacionales, lo que se explicó en la minuta aprobada en las cámaras de Diputados y Senadores, como una forma de “evitar una incorrecta interpretación en el ordenamiento del Mando Supremo con los tres niveles de gobierno, respecto a la coordinación con la Armada de México”.

En su exposición de motivos, Calderón sostuvo que debía darse certeza jurídica a la actuación de la Marina y que las modificaciones servirían para una reorganización “político-estratégica” de los mandos navales para cumplir con la seguridad implementada por su gobierno.

El pasado 31 de diciembre el gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones a la Ley Orgánica de la Armada de México, que reorganiza los mandos navales para eficientar el combate a la delincuencia organizada y crear el Cuartel General del Alto Mando, en sustitución de la Región Naval Central en la Ciudad de México.

Además, se faculta a los integrantes de la Armada a participar en los órganos del fuero de guerra y elimina figuras como los subsectores, apostaderos y brigadas navales, además de actualizar los conceptos de fuerzas, regiones, zonas y sectores navales, así como unidades de superficie y de infantería de marina, para hacer más operativa la estructura naval y táctica para responder a los imperativos de seguridad interior y defensa exterior.