Esclavizan narcos a miles de desaparecidos

Buena parte de los 27,000 extraviados se encuentran en campos de trabajo del narco.

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En Coahuila hay desaparecidos que trabajan en campos de marihuana de narcos, según varios organismos. (SIPSE/Contexto)
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Agencias
MÉXICO, D.F.- Las autoridades mexicanas y entidades humanitarias poseen cada vez más evidencias de que muchos de los 27 mil desaparecidos en el marco de la "guerra contra las drogas" se encuentran vivos, pero esclavizados en campos de trabajo dirigidos por los cárteles.

La creencia es compartida por los propios familiares de personas cuyo paradero se desconoce, quienes de hecho fueron los primeros en aportar pruebas de que sus parientes se hallarían en zonas montañosas y remotas, e incluso en algunas ciudades, realizando labores especializadas o forzadas, dio a conocer ansalatina.com.

El obispo de Saltillo, en el norteño estado de Coahuila, Raúl Vera, afirma que "hay indicios muy fuertes de que estas personas pueden estar en campos de concentración, haciendo trabajos forzados".

El semanario Proceso publicó en su último número un reportaje sobre el tema titulado "Cautivos en el Infierno". El sitio digital "Animal Político" había aludido al asunto en un texto difundido el 29 de octubre pasado llamado "Esclavos Especializados", en referencia personas con conocimientos científicos o técnicos, sobre todo telecomunicaciones e ingeniería, reclutados por las bandas.

Ni paradero ni rescate

El sitio digital "elarsenal.net", de Coahuila, publicó también desde diciembre del 2011 que en esta provincia, desde dos años atrás, las autoridades notaron casos cada vez más frecuentes de secuestros "por los que no se piden rescate, ni se tiene paradero de las personas".

Según la ONG Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fundec), la Fiscalía Especial del Estado, organizaciones civiles y la Diócesis de Saltillo, entre otras cosas, "estos secuestros son para que las victimas trabajen en los campos de marihuana del estado".

"En dos años han desaparecido albañiles, campesinos, ingenieros civiles y comunicadores, arquitectos, químicos, agrónomos, contadores públicos, administradores de empresas, comerciantes, abogados y empresarios", afirma el sitio "on line" de Coahuila.

Sólo este estado, la Fiscalía Especial para Desaparecidos ha documentado 324 casos de este tipo, pero se cree que podrían ser más por la falta de denuncias debido al temor a represalias.

Hasta ahora se sabe de 36 profesionistas y técnicos –veterinarios, arquitectos, médicos- plagiados en los últimos cuatro años por bandas criminales sin que se exigiera ningún rescate.

Muchos de los casos se refieren a empleados de telecomunicaciones raptados junto con su equipo de trabajo, cuando realizaban labores en el norte del país.

No es casual

Felipe González, presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, señala que no se trata de hechos "casuales" por cuanto las bandas han construido complejas redes de telecomunicaciones y para ello necesitan personal especializado.

Pero también se suele reclutar a personas para realizar trabajo duro como cavar zanjas o labrar la tierra o bien para la prostitución.

Tipos de 'trabajo'

Entre otras labores, según organizaciones civiles, los plagiados son forzados a trabajar como "halcones" (vigilantes), sicarios, en el cultivo de marihuana, en la extorsión, la construcción de túneles, la limpieza de casas de seguridad, la alimentación de prisioneros, la esclavitud sexual, la instalación de equipos de comunicación o como policías. 

Teresa Ulloa, directora en México de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, señala que en todas las regiones disputadas por narcotraficantes hay jovencitas desaparecidas usadas "como esclavas sexuales de los capos o sus tropas".

Algunos de los desaparecidos suelen comunicarse en fechas especiales con sus familias, por ejemplo el cumpleaños de su madre, pero no pronuncian palabra alguna.

"Las madres comienzan a charlar, porque creen que son sus hijos, que se están reportando, aunque no hablen, porque los tienen de manera forzada y lo hacen así para no arriesgar a la familia", afirma Blanca Martínez, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, citada por Proceso. 

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