Agencias

MÉXICO, DF.- El observatorio que da seguimiento al Acuerdo de los Medios para la Cobertura Informativa de la Violencia detectó “graves deficiencias en la política de comunicación” de instituciones de seguridad y procuración de justicia.

Consideró que las “malas prácticas”, como filtración de documentos, juicios mediáticos, especulaciones y generación de rumores, se traducen en violaciones a la ley, pérdida de credibilidad y generalizaciones infundadas sobre el involucramiento de víctimas en actos violentos.

Destacó que estas irregularidades se han presentado en casos como el ataque a funcionarios estadunidenses en Tres Marías, la muerte de Heriberto Lazcano, El Lazca, y la presentación de  los presuntos responsables dedelitos en el parque El Colibrí, en Chalco, Estado de México.

El grupo (que desde hace año y medio monitorea la información relacionada con la violencia que se difunde en los medios) consideró que durante el periodo julio-octubre hubo “avances muy positivos” en el acuerdo, pues los medios han “cerrado espacios a la propaganda del crimen organizado”.

Sin embargo, apuntó, “persisten El observatorio que da seguimiento al Acuerdo de los Medios para la Cobertura Informativa de la Violencia detectó “graves deficiencias en la política de comunicación” de instituciones de seguridad y procuración de justicia.

 

 

El organismo sugirió a las autoridades brindar información constante, oportuna y transparente

El organismo pidió a los medios reafirmar su solidaridad con el gremio y dar constante seguimiento a los ataques contra la prensa y las actuaciones de la autoridad, pues consideró que este tipo de hechos se abordan de manera coyuntural.

En su informe, el Observatorio también documentó “con particular preocupación la construcción de noticias con base en rumores y filtraciones, como el caso del supuesto enfrentamiento en Luvianos, Estado de México”, y pidió a los medios verificar su información, práctica esencial del periodismo.

Sugirió a las autoridades brindar información constante, oportuna y transparente, y no utilizar un lenguaje que viole el derecho de presunción de inocencia ni emplear términos que fortalezcan la identidad del hampa.

En el caso de las coberturas informativas en las que pueda afectarse a las víctimas o a los detenidos, se sugiere mantener siempre el control de la transmisión para no incurrir en “malas prácticas” ni impulsar juicios paralelos que minimicen la gravedad de un delito frente a la opinión pública.

Destacó las “buenas prácticas” de MILENIO, El Universal, Excélsior y Animal Político, medios que han publicado historias de víctimas, en las que se “evidencian abusos de autoridad, contrastando el discurso oficial y ampliando el espectro del entendimiento de esta problemática”.