Rubén Mosso/Milenio
CIUDAD DE MÉXICO.- La Procuraduría General de la República (PGR) no solo comenzó a investigar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sino que también sus antecedentes penales, por lo que solicitó al gobierno de Estados Unidos información para conocer si en esa nación estaban involucrados en algún delito.

Lo anterior consta en un oficio dirigido a la Embajada de Estados Unidos en México, en el que se pidió el apoyo del Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) para que buscara en sus bases de datos si algún normalista estaba involucrado en actividades delictivas.

La petición fue firmada por el fiscal Gualberto Ramírez Gutiérrez, de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en materia de Secuestro, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido).

La unidad tiene en sus manos diversas indagatorias relacionadas con el secuestro de los normalistas y sobre las organizaciones delictivas que operan en Guerrero.

El documento fue liberado por la PGR y puede ser consultado en uno de los expedientes que hoy son públicos y que forman parte de la averiguación previa del caso Iguala.

Tras el requerimiento de las autoridades mexicanas, el Departamento de Justicia de Estados Unidos respondió en atención a la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS/TU/2971/2014, lo siguiente:

“Aprovecho la oportunidad para dar respuesta a la solicitud formulada al FBI.

“En cumplimiento a su pedido, se hizo una revisión de nuestros archivos con el propósito de determinar si existen registros o antecedentes penales de alguno (s) de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero.

“Le informo que no se encontró ningún registro de ninguno de los estudiantes”, subrayó el Departamento de Justicia en el expediente 163E-MX-5679088.

Como parte de la pesquisa, la PGR también buscó información sobre los estudiantes en cada una de las procuradurías y fiscalías estatales del país, obteniendo solo un resultado positivo.

La Fiscalía General de Justicia de Guerrero documentó que el normalista Miguel Ángel Mendoza Zacarías, de quien hasta hoy se desconoce su paradero, sí contaba con antecedentes penales, como probable responsable del delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Sin embargo, cuando la Seido profundizó en la averiguación estatal, descubrió que el normalista no fue detenido por transportar armas de fuego, sino por traer cohetes; el agente del Ministerio Público federal consideró que no se tipificaba el delito imputado a Mendoza Zacarías.