Lorena López/Milenio
MÉXICO, D.F.- El embajador de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Emilio Rabasa, advirtió que una fiscalía internacional contra la impunidad en casos como el de Ayotzinapa, no tiene ningún sustento en la Constitución y apuntó que en el país existe total apertura a la función que realiza, por ejemplo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Afirmó que en el pasado era impensable una labor de esa naturaleza, por ejemplo en Chiapas, donde él fue coordinador para la paz, pero el presidente Enrique Peña Nieto está abierto al escrutinio como el del GIEI que, dijo, no desestimó toda la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el caso Iguala, aunque hizo puntuales señalamientos, como en el de la imposibilidad de que en el basurero de Cocula pudieran haberse incinerado los 43 cuerpos de los estudiantes normalistas desaparecidos.

"Lo otro sí sería contrario a la Constitución, porque la creación, por ejemplo, de una especie de comisión o fiscalía que debería de estar autorizada, avalada por el Senado, simple y sencillamente no tiene ningún fundamento constitucional. Ni veo a nuestro Senado autorizando a un fiscal", dijo.

Entrevistado en la sede de la cancillería, el embajador Rabasa destacó que incluso entre los países del continente hay diferencias respecto de la jurisdicción del sistema interamericano de derechos humanos, y mientras hay extremos de países, como Venezuela, que defiende su soberanía, hasta Guatemala, que pidió sustituir a las instituciones nacionales, México se ubica en una posición que simultáneamente sigue sus procedimientos constitucionales, pero se acoge a las herramientas como la asistencia técnica que brinda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Iguala por parte del GIEI.

"Que no coincidían (las conclusiones) con algunas que ya habían hecho nuestras autoridades, que no significó el desconocimiento total de la investigación, simplemente hizo señalamientos muy puntuales como, por ejemplo, el del asunto del basurero de Cocula, bueno, no debe sorprender.

Los invitamos precisamente para que ofrecieran sus puntos de vista, ahora la PGR ha determinado, por instrucciones del señor Presidente, que se atendieran esas observaciones, convocar a un tercer peritaje en el basurero de Cocula, invitando incluso al señor Torero, el perito peruano", expresó el embajador.

Vigilancia permanente

Los gobernadores del país acordaron con los integrantes de la CIDH un mecanismo permanente para cooperar en materia de derechos humanos, porque aceptaron que hay "asuntos locales que al no ser atendidos oportunamente, terminan siendo asuntos en los que la responsabilidad termina recayendo en el Estado mexicano", expresó el subsecretario de Gobernación, Roberto Campa.

Ayer, los comisionados de la CIDH se reunieron con los representantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Eruviel Ávila, del Estado de México, y Rubén Moreira, de Coahuila, y acordaron que este instrumento se firme antes de terminar 2015.