Un juez federal decidió suspender el proceso penal en contra de Francisco Garduño Yáñez, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), a pesar de la resistencia de las víctimas y sus representantes legales. La causa en su contra se originó tras el incendio ocurrido en una estancia migratoria bajo su responsabilidad, donde murieron 40 migrantes y 27 más resultaron heridos.

La resolución establece que Garduño deberá cumplir con una serie de condiciones durante los próximos 18 meses. Entre estas se incluye

• ofrecer una disculpa pública,
• garantizar la entrega de un fideicomiso a los familiares de cinco víctimas que no han aceptado la compensación económica,
• supervisar la reparación del daño a dos sobrevivientes –quienes también enfrentan imputaciones por el siniestro–, y
• tomar cursos sobre derechos humanos y protección civil.

Mientras cumpla con estos requisitos, el funcionario podrá permanecer en su domicilio.

De completarse las condiciones establecidas en el plazo estipulado, el proceso penal por ejercicio ilícito del servicio público será cerrado con efectos de sentencia absolutoria.

Esto no fue del agrado de organizaciones defensoras de derechos humanos, que consideran que el fallo deja un precedente de impunidad al permitir que delitos graves contra personas en situación de vulnerabilidad queden sin sanción.

Antes de la audiencia, manifestantes se reunieron en las inmediaciones del juzgado para exigir justicia para las víctimas del incendio. Mientras tanto, los abogados de Garduño argumentaron que el beneficio legal concedido era procedente, ya que se ha cumplido con casi el 80 % de la reparación del daño.

Los representantes del INM informaron al juez que la reparación económica se ha cubierto con recursos del instituto. Por concepto de daño moral y lucro cesante, se acordaron montos de 3.5 millones de pesos para la mayoría de las víctimas fatales y 4 millones de pesos para una de ellas, debido a una violación a su debido proceso durante su estancia en el centro migratorio.

Del total de 40 fallecidos, 35 familias ya recibieron el pago, mientras que cinco familias venezolanas se han negado a aceptar la compensación. En cuanto a los 27 sobrevivientes, se establecieron montos diferenciados según la gravedad de sus lesiones:

• 18 personas, que sufrieron intoxicación por monóxido de carbono y quemaduras en vías respiratorias, recibieron poco más de 3 millones de pesos.
• 5 víctimas con quemaduras de segundo y tercer grado en hasta un 3.5 % de su cuerpo obtuvieron indemnizaciones de entre 3.1 y 3.3 millones de pesos.
• 4 afectados con quemaduras que abarcan entre el 10 y 20 % de su cuerpo obtuvieron entre 4.3 y 5 millones de pesos.

A pesar de los montos entregados, abogados y colectivos que representan a 18 de las víctimas cuestionaron la decisión del juez, insistiendo en que esta resolución envía un mensaje negativo al permitir que hechos de esta magnitud queden sin consecuencias legales para los responsables.

Al término de la audiencia, Garduño evitó cualquier contacto con los medios de comunicación saliendo por el estacionamiento.

(Con información de Milenio)