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CIUDAD DE MÉXICO.- En 2017, mientras cientos de personas habían perdido su patrimonio, a familiares, se recuperaban en hospitales y algunos perecían entre los escombros, la ayuda comenzó a fluir. México recibió donativos por más de 91 millones de pesos, pero no se sabe cómo ni en qué se gastaron.

En portal de Tribuna publicaron que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que tampoco se sabe dónde terminaron los donativos del Fideicomiso 'Fuerza México' donde se concentró la ayuda nacional, porque no hubo mecanismos de control, administración ni distribución, y no hubo seguimiento al destino del dinero y, por tanto, no se pudo determinar si se utilizó de manera eficiente.

De igual manera, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reportó la entrega de 5 mil 83 millones de pesos a los donatarios autorizados, pero sin precisar el monto correspondiente al fideicomiso 'Fuerza México'. Del total, 2 mil 460 millones de pesos, equivalentes a 48.4 por ciento del total, se reportaron como distribuidos entre las entidades afectadas por los terremotos. 

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"En cuanto a los donativos internacionales, la Secretaría de Relaciones Exteriores no llevó a cabo un registro, aun cuando la Ley de Cooperación para el Desarrollo dispone que debe quedar inscritos los montos, modalidades y ejercicio de los recursos financieros, donaciones y aportaciones en especie provenientes de gobiernos extranjeros y organismos internacionales”, subrayó.

Por su parte, la fiscalización señaló que, en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud transferidos de las 32 entidades del país, existen probables desvíos por 4 mil 935 millones de pesos. Los estados con mayor monto de observaciones fueron Oaxaca, con mil 446 millones de pesos, y Chiapas, con mil 68 millones.

La Auditoría señaló que la falta de claridad del destino de los donativos tanto nacionales como internacionales se debió a la falta de transparencia y de coordinación entre las dependencias, principalmente en el registro y seguimiento de los donativos, pero no determinó ninguna responsabilidad a funcionarios ni instruyó a que los Órganos Internos de Control o la Auditoría Superior de la Federación a que sigan investigando.