Agencias
MÉXICO, D.F.- El anteproyecto que modifica los alcances del fuero militar que se discute en el Senado es “un paso” a la garantía de los derechos humanos, pero no cumple cabalmente con las obligaciones de México ante el derecho internacional y las resoluciones de la Corte Interamericana de Justicia, advirtió Amnistía Internacional y ONG´s.

Durante su participación en la cuarta mesa que analiza las reformas al sistema de justicia militar en la Cámara Alta, Daniel Zapico, representante de AI en México, pidió a los legisladores aprobar las modificaciones con base en las resoluciones de la CIDH, para que los militares que violen derechos humanos sean juzgados por tribunales civiles.

Señaló que “el fuero militar está ligado con la impunidad, no solo en México, lo vemos en toda América Latina”.

“La experiencia de Amnistía Internacional en México y alrededor del mundo, ha demostrado como, debido a su falta de imparcialidad e independencia, la justicia militar ha sido un obstáculo en la lucha para poner fin a la impunidad en las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas.” Concluyó Zapico.

Expresó que el sistema de justicia militar está fallando en llevar justicia a las víctimas de violaciones a derechos humanos cometidas a manos de integrantes de las fuerzas armadas.

“Si las y los legisladores mexicanos quieren demostrar que tienen un compromiso real con la defensa de los derechos humanos, deben tomar esta oportunidad clave y reformar el sistema de justicia militar de una vez por todas, y así asegurar que será la justicia civil la que investigará los casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por integrantes de las fuerzas armadas” afirmó Zapico.

Por su parte, representantes de organizaciones como el Centro Agutín Pro, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Serapaz, Fundar, entre otras, coincidieron en que la reforma del fuero militar debe ser de conformidad con estándares internacionales y recordaron que así debe darse cumplimiento a cuatro sentencias de la CIDH, según publicó Milenio.

Señalaron que para este fin es necesario que el artículo 57 del Código de Justicia Militar sea modificado de conformidad con lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en que debe “explícitamente prohibirse que violaciones a derechos humanos cometidas por militares o que involucren a civiles sean juzgadas ante la jurisdicción militar”.

Modificaciones satisfactorias

En ese sentido, Santiago Aguirre, del Centro de la Montaña Tlachinollan, pidió a los integrantes de la Comisión de Justicia del Senado no limitarse a reformar el artículo 57 de dicho código, y definir en el artículo 37 que sea el ámbito civil quien decida los casos que atraerá y no lo haga la jurisdicción militar.

Por su parte, Miguel Álvarez, de Serapaz, dijo que las modificaciones deben satisfacer tanto a las autoridades, sociedad y fuerzas armadas, sino corre el riesgo de quedar en letra muerta.

El Senado continuará con las mesas de debate en su quinto foro con representantes de las Fuerzas Armadas, el cual estaba contemplado para el próximo lunes 30 de septiembre, aunque se modificó para el 8 de octubre, tentativamente.