15 de Noviembre de 2018

México

Jueces deben proteger la vida y derechos de inmigrantes

La Suprema Corte de Justicia de la Nación presenta un protocolo que deberá servir de base a jueces federales y del orden común.

No se podrá impedir que los migrantes busquen protección en una nación mediante la solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado. (Agencias/Archivo)
No se podrá impedir que los migrantes busquen protección en una nación mediante la solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado. (Agencias/Archivo)
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Agencias
MÉXICO, D.F.- El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Silva Meza, presentó un protocolo que servirá de base para que los jueces federales y del orden común impartan una mejor justicia en casos que afecten a personas migrantes y sujetas de protección internacional.

Silva Meza dijo que la Corte está consciente del compromiso que implica la buena aplicación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, pero tampoco puede dejar de lado las desigualdades estructurales que aún existen para acceder a los derechos, dio a conocer Milenio.

Por esa razón, explicó que el Alto Tribunal se ha dado a la tarea de elaborar Protocolos de Actuación, basados en normativa nacional y de origen internacional, así como en lecciones de buenas prácticas judiciales de otros tribunales nacionales, que intentan mejorar el acceso a la justicia de las personas.

Restricciones

En el protocolo se enfatiza que los juzgadores no podrán llevar a cabo ninguna medida que tenga como efecto devolver a los migrantes que llegan a México y que solicitan asilo político o se encuentran como refugiados, para que su vida y libertad no corran peligro en sus países de origen.

Tampoco podrán impedir que las personas busquen protección en una nación mediante la solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado, ya que existe la posibilidad que sean devueltas a un país donde su vida o su libertad corren peligro.

Asimismo, la separación de los niños, niñas y adolescentes de su núcleo familiar únicamente debe realizarse bajo una justificación clara y con una duración temporal, ya que tan pronto lo permitan las circunstancias, éstos o éstas deben ser devueltos a sus progenitores.

En el documento de 140 cuartillas, se deja claro que el protocolo reconoce que compete al Poder Judicial la garantía de los derechos humanos de las personas en general, y de las migrantes en particular, así como la creación de precedentes tendientes a una mayor protección de las personas.

También subraya que el Poder Judicial tiene la facultad de supervisar la actuación del resto de los poderes públicos, en algunos casos, encomendará la inejecución total o parcial de ciertas acciones; en otros consolidará la interpretación de la legislación a favor de las personas migrantes y sujetas de protección internacional”.

El protocolo fue presentado ante Antonio Guterres, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); Hamdi Anwar Ahmed Bukhari, Representante en México del ACNUR; Javier Hernández Valencia, Representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y Thomas Weiss, Representante de la Organización Internacional para las Migraciones.

Reconocimientos

En el documento se reconoce que en nuestro país aún existen barreras que es necesario derribar para dar una mejor impartición de justicia a los migrantes.

Asimismo, reconoce los problemas que enfrentan los extranjeros durante su paso por territorio nacional, donde son asaltados, secuestrados, asesinados y en algunos casos son reclutados de manera forzosa por el crimen organizado; también son explotados sexualmente, laboralmente o los someten tratantes de personas.

El presidente de la Corte comentó que al igual que los otros cuatro protocolos que han emitido, no tiene el carácter vinculante, pero parte de su contenido incluye normas o criterios que sí lo son.

“En todo caso, su objetivo es proporcionar elementos normativos y jurisprudenciales a quienes imparten justicia con la intención de propiciar la emisión de resoluciones con una perspectiva de derechos humanos que contribuyan al pleno reconocimiento de las personas a quienes se dirigen la protección”, añadió Silva Meza.

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