Víctor Hugo Michel/Milenio
TAMAULIPAS.- Depende de cómo se le vea. De un ángulo, podría parecer un hotel de dos estrellas: acceso a baños con regaderas. Televisión a color. Camas limpias. Tres comidas calientes al día y, a veces, pollo del Kentucky Fried Chicken. Hay hasta una mesa para jugar cartas. Y como en cualquier otro negocio, no se permite salir, sino hasta pagar la cuota por los servicios recibidos.

Desde la óptica del gobierno federal es una casa de seguridad, un sitio del que se debe rescatar a migrantes indocumentados porque, dicta el argumento, han sido secuestrados por el crimen organizado. Pero quienes han pasado por ahí sostienen que hay otra connotación.

“Cuando iba al norte yo descansaba en esas casas en lo que mi familia pagaba el cruce a Estados Unidos. Cuando pagaban lo que costó el viaje, ya entonces me cruzaban al otro lado”, dice Elmer G, un migrante hondureño que ha recurrido tres veces a guaridas de polleros en la frontera de Matamoros con Brownsville, antes de pasar el río Bravo.

Al convertirse estas casas de seguridad en blanco de reiterados operativos militares en los últimos meses —acciones definidas por el gobierno federal como rescate de migrantes—, se abre el debate si en realidad se trata de operativos antisecuestro o si algunas simplemente son redadas en busca de indocumentados, una muestra más del paulatino endurecimiento de la política migratoria en México.

¿Es secuestro? Para el gobierno federal, sí. Desde 2007, la Procuraduría General de la República (PGR) ha descubierto 49 casas de seguridad que considera eran utilizadas para mantener privados de su libertad a migrantes en Reynosa y Matamoros. Algunas de ellas, según la dependencia federal, estaban dirigidas y operadas por los Zetas y el cártel del Golfo. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asegura haber rescatado en Tamaulipas a cerca de mil 500 migrantes plagiados desde 2009.

Pero la experiencia de Elmer apunta en el sentido de que no todas las casas son sitios de secuestro y que hay algunas que son empleadas como un punto de embarque para los tradicionales flujos migratorios. Se cobra, sí, pero la cuota del pollero previamente acordada. Finalmente es un servicio: cruzar ilegalmente al norte.

“Así es como se va a Estados Unidos”, explica este migrante hondureño, deportado tres veces de la Unión Americana y quien actualmente se encuentra en una estación migratoria de Chiapas. “Yo lo que hacía era llegar a Matamoros e ir preguntando por la casa de los polleros. Hay quienes te dicen cómo llegar. Ahí te quedas hasta que pagan y ya después te vas”.

—¿Cómo se trata a la gente en las casas de paso?

—A mí bien. A la gente con la que me ha tocado estar, bien. A las mujeres se les respeta. Nos dan de comer. Hay colchonetas para dormir mientras se espera. Te puedes bañar, ver la tele...

Pero si bien es una casa de paso, no deja de tener una connotación de criminalidad. Contactado vía telefónica gracias al Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, Elmer admite que no se puede salir de las casas sino hasta pagar la deuda contraída con el pollero. Quienes reniegan del pago son retirados a la fuerza.

“Nunca supe a dónde se llevaban a los que no pagaban”, dijo este hondureño que en los próximos días será deportado de vuelta a Centroamérica y quien, tan pronto como pueda, asegura estar listo para emprender de nuevo el camino al norte.

Hospedándose, por supuesto, en las casas de paso de los polleros.