13 de Diciembre de 2017

México

Ignoran 24 Estados disposiciones de la ley antilavado

Nuevo León, Tamaulipas y Michoacán son tres de las únicas ocho entidades que incluyen al delito de lavado de dinero en su marco jurídico.

La norma fue promulgada por el presidente Calderón en octubre pasado. (Archivo/Notimex)
La norma fue promulgada por el presidente Calderón en octubre pasado. (Archivo/Notimex)
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Alfredo González/Agencia Reforma
MÉXICO, D.F.- Tan sólo 8 de las 32 entidades federativas contemplan como delito el lavado de dinero dentro de sus códigos penales estatales, lo que dificultará la aplicación de la recién aprobada ley antilavado.

Esta contradicción regulatoria también dificultará imponer las sanciones que contempla la legislación federal, advirtió Alejandro Lozano Curiel, presidente de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero.

"Es una regulación federal, pero gran parte de los estados de la República no tienen de momento, en sus códigos penales estatales, contemplado el delito de lavado de dinero para poder actuar a nivel nacional en la materia", señaló el también director de Obviam, consultora en prevención de delitos por blanqueo.

Los únicos estados que sí consideran este delito son Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Baja California Sur, Michoacán, Chiapas, Chihuahua y el Distrito Federal, lo que se traduce en que 24 estados no lo hacen.

Sumado a esto, el experto también criticó las contradicciones y errores del texto de la nueva  nueva Ley para la Prevención de Lavado de Dinero, promulgada el pasado 16 de octubre por el Presidente Felipe Calderón.

"En compra de inmuebles o de automóviles", ejemplificó, "se habla de 200 mil pesos en efectivo para considerar una operación riesgosa y, en tarjetas departamentales, operaciones por 50 mil pesos, pero hay otras actividades en las que no se habla de límites, lo que podría dar lugar a que todos los actos contemplados pudieran excluirse o incluirse".

La legislación también adolece de términos ambiguos, como "podría ser sujeto", lo que despierta incertidumbre en su aplicación y puede dar pie a quejas, reclamos o hasta amparos.

La ley establece mecanismos para identificar operaciones financieras inusuales

La nueva ley considera la creación de una Unidad Especial de Análisis Financiero enfocada a la investigación de estos ilícitos, que estará en manos de la Procuraduría General de la República.

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita considera también restricciones para el flujo de efectivo en operaciones monetarias y adquisición de bienes, particularmente la compra de autos de lujo, yates y aviones.

Las nuevas disposiciones establecen un sistema permanente para identificar y dar seguimiento a las operaciones económicas "vulnerables e inusuales", y dotan a las instituciones hacendarias y de procuración de justicia de mayores facultades para prevenir y sancionar el uso de recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con la nueva legislación, los funcionarios responsables de la aplicación del sistema de identificación y seguimiento serán sometidos a controles de confianza para garantizar su profesionalismo y la honestidad.

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