Agencias
MÉXICO, D.F.- El Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del gobierno federal no incluye en su lista de demarcaciones prioritarias de 2013 y 2014 al municipio de Iguala, Guerrero, donde desaparecieron 43 estudiantes normalistas y 6 fueron asesinados el pasado 27 de septiembre presuntamente por policías municipales.

Las demarcaciones prioritarias son aquellas que “tienen altas tasas delictivas y condiciones que constituyen factores de riesgo para el surgimiento o permanencia de distintos tipos de violencia”.

En el programa federal, del estado de Guerrero solo se incluyen los municipios de Acapulco (gobernado por Movimiento Ciudadano), Chilpancingo (gobernado por el PRI) y Zihuatanejo (gobernado por el PRI), según cita Milenio.

Para el programa, el municipio de Acapulco recibió el año pasado 99 millones 152 mil pesos, este año 99 millones 362 mil. Chilpancingo en 2013 recibió 25 millones 966 mil pesos, este año 26 millones 952 mil. Zihuatanejo 23 millones 222 mil pesos en 2013 y 23 millones 234 mil en 2014.

La organización México Evalúa ha señalado desde el año pasado que la selección de las entidades prioritarias se hace sin una metodología clara, con diagnósticos de crimen frágiles, sin evidencia y además sin indicadores para poder medir su efectividad.

“No hacen públicos los criterios específicos, la subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Segob dice que las elige por incidencia delictiva y factores de riesgo, pero no son específicos en explicar por qué de aquellos municipios que tienen los mismos problemas unos sí son elegidos y otros no”, dijo Liliana Chapa, investigadora del Programa de Seguridad de México Evalúa.

Evitan descomposición

Chapa comentó que han preguntado al responsable del programa, el subsecretario de prevención de la Segob, Roberto Campa, cuál es su metodología y su respuesta es que no tienen una fórmula.

 “Eso es lo que nos extraña. Como la selección implica dar recursos federales se puede prestar a criterios políticos, en lugar de a criterios rigurosamente de vulnerabilidad”.

La investigadora cuestionó el hecho de que automáticamente están como demarcaciones prioritarias todas las capitales de los estados, incluyendo Mérida, Yucatán, donde es sabido que no hay altos índices delictivos.

El subsecretario Roberto Campa ha defendido la estrategia implementada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, asegurando que la fórmula no se aplica por igual en todo el país, ya que se deben considerar las problemáticas locales.

Sobre las zonas a las que se destinaron recursos, a pesar de que sus índices delictivos son bajos, Campa ha explicado que es para evitar que esos lugares se descompongan y aumente el nivel de violencia.