Ciudad de México.- La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, presentó una iniciativa ante el Congreso capitalino para reformar el Código Penal local y castigar la filtración de imágenes de feminicidios, como en el caso de Ingrid Escamilla asesinada el fin de semana pasado.

Godoy Ramos expuso que la iniciativa busca castigar filtraciones dentro de la institución e hizo un llamado a los medios de comunicación a que se abstengan de publicar imágenes o información confidencial de las víctimas que violentan sus derechos y los de sus seres queridos.

"Como fiscal general de la Ciudad de México asumo la responsabilidad institucional que me corresponde por la filtración de estas imágenes.

"Nuestra obligación es estar cerca de las víctimas. Todas las personas servidoras públicas de esta Fiscalía debemos honrar este compromiso y estar a la altura de nuestro deber. Quienes traicionan la confianza y se apartan de esta responsabilidad no tiene lugar en esta institución", declaró durante la entrega del documento.

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Por su parte la diputada Isabel Rosales, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, expresó que el feminicidio de Ingrid indigna y es un reflejo de hasta dónde puede llegar el odio hacia las mujeres, "por ello es indignante la forma en que se difundió la información de este caso".

"Ingrid no merece ser recordada como su pareja y victimario decidió. Nosotras tenemos oportunidad para contribuir al cambio de esa narrativa. Indigna todavía más cuando recordamos que a nivel local o federal se filtra información que lesiona la dignidad de las víctimas”, manifestó.

La legisladora local recordó el caso del multihomicidio de la colonia Narvarte, en el que asesinaron al fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, a la activista Nadia Vera, la modelo Mile Virginia Martín, la maquilladora Yesenia Quiroz y la trabajadora doméstica Olivia Alejandra Negrete.

Las filtraciones que hubo en dicho caso complicaron la pronta impartición de justicia, como también ocurrió con el feminicidio de Lesvy Berlín al interior de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En el caso de Ingrid Escamilla, tanto la fiscal general Ernestina Godoy como la subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad, Nelly Montealegre Díaz, aseveraron que las filtraciones no afectarán la indagatoria, pues no se tomaron como pruebas en la carpeta de investigación.