M. Castillo y E. Jiménez/Milenio Digital
MÉXICO, DF.- El número de feminicidios en el país casi se duplicó a partir del refuerzo de las sanciones para este delito en los estados.

En 2008, cuando se iniciaron las reglamentaciones específicas para abatir la violencia contra las mujeres, hubo mil 440 de esos asesinatos, mientras en 2012 (última fecha de actualización de datos) se registraron dos mil 774.

Las cifras se mantuvieron a la alza, incluso después de 2011, cuando se hicieron adecuaciones a los marcos legales en los estados.

Pablo Navarrete, coordinador jurídico del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), opinó que la aplicación de la alerta de género y otros mecanismos para abatir la violencia, hasta ahora han propiciado su recrudecimiento debido a los procesos de transición.

“Cuando se le da poder o un estatus de seguridad a un sector vulnerable, se obtiene una respuesta casi siempre violenta, porque cuando alguien gana derechos, otra parte los pierde. Actualmente atravesamos un proceso de transición de justicia que tiene una reacción por parte de una cultura misógina”, manifestó.

Dijo que con los nuevos mecanismos de alerta de género se pretende dar un marco de mayor respaldo a las mujeres frente a las muertes violentas.

“El instrumento de ninguna manera tiene que verse como una sanción o un estigma para el estado que tiene una alerta. Al contrario, debería tomarse como parte de las acciones que se llevan a cabo”, agregó en conferencia de prensa.

De acuerdo con el Inmujeres, desde 1985 y hasta 2008 el número de asesinatos con presunción de feminicidio fue en promedio de mil 343 asesinatos.

Incluso, en 2007 se registró el número más bajo de este tipo de homicidios con mil 86 casos registrados; sin embargo, para 2008 la cifra subió a mil 440 y desde entonces no tiene una baja.

En 2009 se contabilizaron mil 935 casos, en 2010 fueron dos mil 335 y en 2011, dos mil 693. Sin embargo, Navarrete consideró que ha habido avances en la atención de este tipo de delitos.

Debilidad en denuncias

Por su parte, Rashida Manjoo, relatora especial sobre la Violencia contra la Mujer, sus Causas y Consecuencias de la ONU, manifestó que en los estados hay debilidad para exigir a los funcionarios públicos frenar la violencia contra ese sector de la población.

Durante una reunión con organizaciones civiles, la funcionaria lamentó que puede haber leyes, pero éstas no se aplican.

En el encuentro, Alda Facio, experta del grupo de trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica de la ONU, se expusieron los rezagos en materia de violencia contra ese sector que persisten en México.

Rashida Manjoo consideró que no se tiene obligación que elimine por ley internacional la violencia contra las mujeres, que es generalizada y señaló que “no hay paz si más de 50 por ciento de la población del mundo sufren violencia”.

Consideró que se requieren poner sistemas para evaluar cuando hay fracasos de las autoridades y así prevenir y erradicar.

En reunión con las organizaciones defensoras de derechos humanos se expusieron temas como la violencia obstétrica, el feminicidio, trata de personas, mujeres migrantes, tortura sexual, mujeres criminalizadas por abortar.