Agencias
CIUDAD DE MÉXICO.- "Adiós a la impunidad, bienvenida la justicia", se ufanó el secretario de Gobernación Miguel Osorio, antes de la entrada en vigencia a partir de este sábado en México del nuevo Sistema de Justicia Penal de tipo acusatorio.

Este modelo, al estilo estadounidense, reemplazará al viejo inquisitorial vigente desde los tiempos coloniales y se espera que ayude a frenar un poco la espiral violenta de los últimos ocho años y medio que ha arrojado más de 151 mil muertos y 26 mil desaparecidos.

Ocho años de preparación debieron transcurrir antes de que el gobierno pusiera en marcha esta nueva modalidad, que ya funcionaba en ocho estados a manera de ensayo al irse adoptado poco a poco desde 2008, pero desde este sábado que operará en los 24 restantes, incluida la capital.

A pesar del inicio de esta nueva modalidad judicial, según algunos críticos aún hace falta la capacitación de al menos 330 mil policías, "el primer contacto entre la víctima, el imputado y el hecho delictivo", así como de traductores de lenguas indígenas y abogados bilingues, según publica el sitio web ansa.it.

El nuevo sistema es considerado por los especialistas como un "salto histórico" aunque no faltan las denuncias sobre su "lenta adopción" y la preparación de algunos de los protagonistas de esta reforma. El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, hizo notar por ejemplo que sólo hay 650 traductores e intérpretes y 198 abogados bilingües, lo que podría dejar "en total indefensión a miles de mexicanos en condiciones de vulnerabilidad y pobreza".

Los juicios orales buscan brindar una mayor transparencia al sistema penal, y al contrario de los que se realizaban en el viejo sistema, que eran cerrados y se prohibía que se filmarán y grabaran, ahora serán abiertos al público y podrán ser registrados por una cámara.

Tres jueces y ya no uno solo se encargarán del proceso: uno de control para garantizar el debido proceso y la investigación, uno de la fase del juicio oral y un tercero que supervisará la causa y la sentencia.

Por primera vez, los acusados podrán conocer a quien los está juzgando, a diferencia del sistema anterior, en el cual todo se realizaba prácticamente con el intercambio de documentos entre fiscal juez y defensor y el acusado nunca veía a quien lo juzgaba.

La reforma fue aprobada en 2008, en momentos en que una encuesta levantada por Gallup revelaba que el 59 por ciento de los ciudadanos mexicanos no confiaba en el sistema judicial.

Bajo las nuevas reglas, los juicios serán más rápidos, pues actualmente pueden durar varios años, si el acusado acepta la responsabilidad y la víctima está de acuerdo, además de que hay una posibilidad de una conciliación entre las partes.

La presunción de inocencia -nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario- es la columna vertebral del nuevo sistema acusatorio, inspirado en el modelo anglosajón y ya no en el derecho romano.

Otras ventajas son la reparación del daño, con ayuda del estado si la persona acusada no tiene recursos, la asistencia médica y sicológica de la víctima y la asesoría jurídica gratuita.

Los procesos costarán hasta 10 veces menos, según el cálculo de los expertos y además se resolverá la endémica sobresaturación de las cárceles, porque se prevé liberar anticipadamente a unos 50 mil reos acusados de delitos no graves, la mitad de los 103 mil que no han sido condenados.

En los preparativos de la reforma lo más costoso ha sido la construcción de nuevas salas para alojar los juicios, que son más amplias para dar cabida al público.

México es el segundo con la más alta tasa de impunidad, después de Filipinas, según un ranking reciente de la Universidad de las Américas, y se estima que un 92 por ciento de los delitos no son denunciados. Mientras a nivel internacional hay un promedio de 17 jueces por cada 100 mil habitantes, México sólo cuenta con cuatro y 46 por ciento de los reos procesados todavía no recibe una sentencia.