A pesar de que en Jalisco el aborto está despenalizado, el personal de la Unidad Médica Familiar (UMF) 88 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en la colonia El Sauz de Guadalajara, le negó este servicio a una derechohabiente.

Este caso fue dado a conocer por la subsecretaria de ‘Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia’, María Elena García Trujillo.

La funcionaria presentó un documento emitido por la Unidad Médica Familiar (UMF) 88, donde se declara improcedente la solicitud de aborto. En el mismo escrito, se instruye a la mujer solicitante a dirigirse al Hospital Materno Infantil Esperanza para acceder al servicio.

Por su parte, Karla Guadalupe López, titular del IMSS en Jalisco, al ser consultada sobre el caso, afirmó no tener conocimiento del mismo. 

No obstante, aseguró que el instituto cuenta con personal capacitado y no objetor de conciencia para llevar a cabo abortos. Sin embargo, no especificó ni las clínicas disponibles ni el número de personal preparado para atender estas solicitudes.

“Nosotros recibimos a las pacientes y si cumplen con los criterios que dice el Estado el procedimiento se les realiza”, aseveró.

El aborto en México: un reto 

A finales de abril de 2024, Jalisco estuvo en boca de todos a nivel nacional, debido a su posición con respecto al aborto.

La Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser) exigió en aquel momento al gobierno estatal y a la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) sancionar a los funcionarios involucrados en el caso de una niña a la que se le negó el servicio de aborto, pese a ser su derecho.

La Ddeser fue la encargada de difundir el caso de la niña de 12 años, miembro del pueblo Wixárika (huichol), quien tras ser víctima de abuso sexual, acudió al Hospital Materno Infantil ‘Esperanza López Mateos’ para someterse a un aborto.

Sin embargo, se le negó el servicio y luego de estar hospitalizada por 11 días, la menor tuvo que ser trasladada a Ciudad de México, donde finalmente se llevó a cabo el procedimiento.

“De manera injustificada, se retrasó la atención inmediata para la interrupción legal del embarazo, obligando a la niña a continuar con ese embarazo forzado por 11 días más. Lo que de acuerdo a estándares internacionales de derechos humanos, constituye una forma de tortura”, señalaron en un comunicado las activistas que acompañaron el caso.

“Consideramos que la intención de los servicios de salud era hacer desistir a la niña de su solicitud original de interrupción de un embarazo por violación, que además ponía en riesgo su salud física y mental”.

Con información de Reforma