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MÉRIDA, Yuc.- Ni siquiera habían pasado 24 horas de que el Gobierno Federal había presumido de 'el menor nivel delictivo en 10 años' cuando la ONU le puso 'un estate quieto': en México, las desapariciones están a la orden del día.

La Organización de Naciones Unidas dijo, en el marco del análisis del caso de los estudiantes de Ayotzinapa, que el Gobierno mexicano incumple con acuerdos internacionales en materia de desaparición forzada de menores.

Según la ONU, el caso de los estudiantes desaparecidos en Iguala es ejemplo de un contexto generalizado de desapariciones forzadas en México e ilustra los grandes desafíos que el país afronta respecto a la prevención, investigación y sanción de ese delito.

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU dio a conocer hoy sus conclusiones sobre el reciente examen a México, en las que señala que "la información recibida ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado parte, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas".

"El grave caso de los 43 estudiantes sometidos a desaparición forzada en septiembre de 2014 en el Estado de Guerrero ilustra los serios desafíos que afronta el Estado parte en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y búsqueda de las personas desaparecidas".

Durante la evaluación del caso de México, los días 2 y 3 de este mes, el caso de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en Iguala (Guerrero), surgió en varios momentos de la conversación, y los relatores hicieron hincapié en que era un caso muy emblemático y un ejemplo de un problema que, lamentablemente, es mayor.

"El Comité se muestra preocupado por la impunidad respecto de los numerosos casos denunciados por desaparición forzada, que se expresa en la casi inexistencia de condenas por este delito".

Asimismo, los expertos "observan con preocupación los numerosos informes que dan cuenta de las serias dificultades que existen en la práctica en materia de búsqueda de personas desaparecidas e identificación de restos y, en particular, que la búsqueda de las personas desaparecidas no siempre se inicia de forma inmediata".

En un documento de diez páginas, el Comité relata todos los aspectos que México no cumple de la Convención o lo hace de forma parcial.

Uno de los más preocupantes y que fue reiteradamente mencionado durante el examen es el hecho de que México aún no ha reconocido la competencia del Comité para recibir y examinar denuncias presentadas por individuos.

"El Comité alienta enérgicamente al Estado parte a reconocer la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones individuales e interestatales", señala el texto.

Otro de los asuntos destacados durante el diálogo fue el hecho de que las distintas jurisdicciones estatales en México presentan desiguales niveles de cumplimiento de las obligaciones que establece la Convención.

"El Comité recomienda que el Estado parte adopte las medidas necesarias para asegurar que, tanto a nivel federal como estatal, la legislación y la práctica se ajusten plenamente a las obligaciones consagradas en la Convención".

Asimismo, las conclusiones recogen la queja expresada en el diálogo interactivo de que México no cuente con un registro nacional sobre desapariciones forzadas, "lo que impide conocer la verdadera magnitud de este flagelo y dificulta la adopción de políticas públicas que permitan combatirlo con efectividad".

"El Estado parte debería adoptar las medidas necesarias a fin de contar con un registro único de personas desaparecidas a nivel nacional que permita establecer estadísticas confiables con miras a desarrollar políticas públicas integrales y coordinadas encaminadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar este delito aberrante".

Los expertos del Comité solicitan, además, que la legislación prevea específicamente la responsabilidad penal de los superiores jerárquicos.

Otro aspecto que piden a México es redoblar sus esfuerzos con miras a prevenir e investigar las desapariciones de migrantes, incluidos niños.

Osorio Chong presume

Apenas el jueves, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que México está en los mejores niveles de seguridad de los 10 años recientes y que “la estrategia está funcionando, por lo que tenemos que seguir adelante” para devolver la tranquilidad a todos los mexicanos”.

El funcionario encabezó la Reunión Regional de Seguridad de la Zona Sureste, integrada por Yucatán, Chiapas, Campeche, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz y Tabasco, en la que conminó a los gobernadores a impulsar con los senadores de cada una de sus entidades las reformas presentadas en noviembre pasado por el presidente Enrique Peña en materia de seguridad, justicia y combate a la corrupción.

Manifestó que de acuerdo con cifras oficiales se observa “un avance significativo en todo el país, hay que decirlo con toda claridad, en todo el país, en la comisión de delitos” y particularmente en la región sureste.

Detalló que durante 2014, sumaron en todo el país un millón 500 mil delitos, cifra similar a la de 2007, pero con 20 millones de habitantes adicionales, por lo que se puede comparar con los delitos denunciados en 2004 y solo este dato, sin diferenciar delitos del fuero federal con los de competencia estatal, permite ver que la estrategia funciona.

En el encuentro que tuvo lugar en Mérida, el secretario de Gobernación destacó que la colaboración entre las autoridades federales y los gobernadores de la región sureste ha permitido una disminución de los índices de inseguridad y violencia en la zona y expresó su reconocimiento al trabajo coordinado de los mandatarios presentes de Yucatán, Rolando Zapata; Chiapas, Manuel Velasco; Campeche, Fernando Ortega; Oaxaca, Gabino Cué; Quintana Roo, Roberto Borge; Veracruz, Javier Duarte, y Tabasco, Arturo Núñez.

Acompañado también de los titulares de las secretarías de la Defensa, Salvador Cienfuegos, y la Marina, Vidal Soberón; así como del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam; el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, y el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Eugenio Ímaz, el secretario de Gobernación ofreció mantener el apoyo a las acciones aplicadas en cada entidad para mantener los logros.

Señaló que actualmente hay una estrategia integral contra la delincuencia y puntualizó: “A diferencia de muchos, muchos años en que se persiguió a líderes de los cárteles, en solo dos años dos meses llevamos detenidos a 88 de los 122 grandes objetivos que se buscaba a nivel internacional y nacional”.

Indicó que la estrategia también ha buscado disminuir los robos en general, incluidos a casa habitación o de vehículos, los cuales, dijo, son tan importantes como los considerados grandes delitos.

Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante 2014 se denunciaron un millón 590 mil 282 delitos en todo el país, mientras en 2004 se tiene un registro de un millón 424 mil 321.

Durante la conferencia de prensa intervinieron cada uno de los gobernadores para referir datos de la disminución de delitos.