Agencias
MÉXICO, D.F.- Alejandro Calvillo, director de la organización civil El Poder del Consumidor, sostuvo que con sólo 10 por ciento de lo que se podría recaudar con la aplicación de un impuesto de 20 por ciento a los refrescos sería suficiente para instalar bebederos de agua en las más de 120 mil escuelas del país.

Durante la ponencia de la segunda entrega de la Encuesta Nacional sobre Obesidad, el también investigador planteó que los niños y las niñas tienen derecho al acceso a agua potable, por lo que actualmente se violan sus derechos y, por el contrario, se promueve el consumo de bebidas endulzantes, principalmente refrescos, informa Notimex.

Alianza por la Salud Alimentaria, integrada por diversas organizaciones, presentó a los medios de comunicación los resultados del sondeo, en el que se establece que 79 por ciento de la población consume refrescos u otras bebidas azucaradas embotelladas. De ese porcentaje 39 por ciento padece obesidad y 29 sobrepeso.

El presidente de la organización Contrapeso, Luis Manuel Encarnación, aseveró en su oportunidad que aplicar un gravamen a los refrescos azucarados representa una medida de gran impacto para desincentivar el consumo de esos productos, que tienen gran aporte calórico y no proporcionan ningún nutriente al organismo.

Primer lugar

Recordó que México ocupa el primer lugar en consumo de refrescos, lo que se refleja en un gran número de casos de obesidad y diabetes.

Afirmó que de acuerdo con la segunda Encuesta Nacional Sobre Obesidad 71 por ciento de la población está de acuerdo con aumentar el impuesto a los refrescos y que el dinero recabado se utilice para instalar bebederos de agua potable en las escuelas y espacios públicos.

Asimismo, 33 por ciento considera que para que exista una disminución en el consumo de esos productos su precio debería aumentar entre uno y cinco pesos mientras que 21 por ciento opina que debe ser de entre seis y 10 pesos.

Rechazo de industriales

Asimismo las industrias del azúcar y del refresco expresaron su rechazo a la intención de gravar con nuevos impuestos al refresco a partir del próximo año, porque consideran que elevaría la carga fiscal del sector en cerca de 40 por ciento y afectaría a más de tres millones y medio de empleos en diversos sectores.

La Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar, la Confederación Nacional Campesina y la Unión Nacional de Cañeros argumentaron que dada la difícil situación del sector agroindustrial azucarero ante una caída de 40 por ciento en el precio, así como el relevante papel del pequeño comerciante como generador del autoempleo, es urgente una evaluación de nuevos gravámenes.