16 de Enero de 2018

México

Integrantes del Pacto por México blindarán elecciones

Se comprometieron a trabajar en reformas normativas necesarias para perfeccionar el sistema electoral.

Peña Nieto y los dirigentes del PRI, PRD y PAN suscribieron el Pacto por México el 2 de diciembre. (Archivo/Notimex)
Peña Nieto y los dirigentes del PRI, PRD y PAN suscribieron el Pacto por México el 2 de diciembre. (Archivo/Notimex)
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Agencias
MÉXICO, D.F.- Representantes del gobierno federal, así como de los partidos; Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), y de la Revolución Democrática (PRD), acordaron en el marco del Pacto por México acciones para blindar el proceso electoral.

Asimismo, garantizar que esos comicios se realizarán con total imparcialidad y que los programas de combate a la pobreza no serán usados de manera facciosa o ilegal, expuso la Secretaría de Gobernación (Segob), en un comunicado.

De acuerdo con Notimex, detalló que en la reunión, realizada este fin de semana, los firmantes se comprometieron a trabajar en la implementación de acciones de corto plazo y en reformas normativas necesarias para perfeccionar el sistema electoral, y elevar con ello la calidad de la democracia.

Durante las conversaciones, dijo, se adelantaron algunos puntos que debe contener el marco del acuerdo, como son las acciones para blindar los procesos electorales y los comicios del 7 de julio de 2013.

El documento cita que el fin es crear un entorno político de respeto a la ley, de comportamiento democrático, y de transparencia para fortalecer la democracia mexicana.

Se investigarán las cuentas bancarias de todos los gobiernos de los estados

Para lograrlo, las partes comprometen su voluntad política para lograr que en ninguno de los procesos, ni en los comicios "se produzcan acciones que menoscaben la integridad y limpieza del voto".

Repudian cualquier acto ilegítimo o ilegal que realicen autoridades de cualquiera de los órdenes de gobierno, sin importar su origen partidario, y harán lo necesario para prevenirlos y, en su caso, castigarlos.

Las acciones incluyen mecanismos para que organizaciones civiles vigilen los movimientos de los padrones con criterios técnicos sociales y no electorales; criterios que definan el perfil de los delegados federales que manejen programas sociales, y en función del mismo que el Ejecutivo federal revise la idoneidad de esos nombramientos.

Suspender o adelantar cualquier tipo de asamblea o reunión pública de beneficiarios de programas sociales durante los 45 días previos a las elecciones; y adelantar entrega de recursos con igual anticipación.

Asimismo, establecer comisiones plurales en los 14 estados donde habrá comicios para presentar y atender denuncias de intervención indebida de los gobiernos y proponer un acuerdo por el que comprometan a abstenerse de utilizar recursos públicos.

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) investigará las cuentas bancarias de todos los gobiernos de los estados, de las cuales se hagan retiros en efectivo por cantidades relevantes.

En el documento, Gobierno, PAN, PRD y PRI, establecieron la creación de acuerdos estructurales para erradicar el uso electoral de los programas sociales de los tres ámbitos de gobierno y las acciones para lograrlo.

Así, se comprometen a continuar las conversaciones para genera condiciones para que el Pacto por México entre en una nueva etapa, y ampliarlo con un adéndum que lleve a impulsar las iniciativas de ley orientadas a fortalecer la profesionalización de los delegados y operadores de los programas sociales del gobierno federal.

También, para adelantar los trabajos de la reforma política en su dimensión electoral, con la finalidad de perfeccionar la democracia.

Iniciarán los trabajos para crear un Sistema Nacional de Programas Sociales que permita el uso más racional, progresivo y sin duplicidades de los recursos públicos para combatir la pobreza.

Asimismo los poderes Ejecutivo, Legislativo de la Federación y de las entidades federativas pondrán especial atención en garantizar que los recursos del Estado lleguen directamente a los beneficiarios sin condiciones, bajo las reglas de operación públicas y transparentes que permitan la evaluación y rendición de cuentas.

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