Agencias
CIUDAD DE MÉXICO.- La violencia no solo aqueja a los civiles del país, ya que también los impartidores de justicia deben enfrentarse a los criminales, pero desde otra perspectivo. Son lo jueces federales quienes serían las víctimas principales de los delincuentes, ya que son ellos quienes decidirán cuántos años pasarán en prisión y eso en algunos casos ha provocado la muerte de algunos. 

Un juez federal del norte de México no usa su camioneta blindada por miedo a que lo confundan con un narco y lo cosan a balazos. El encargado de un juzgado mixto en uno de los Estados más letales y corrompidos del país, se sienta diariamente frente a los sicarios de los cárteles y reza para que los tribunales estatales los condenen a penas mayores que las suyas. 

En una realidad donde los impartidores de justicia no buscan convertirse en los héroes de la lucha contra el crimen, sino en mantener un bajo perfil y seguir vivos, tres jueces mexicanos hablan sobre los obstáculos de su trabajo después de que asesinaran a un compañero de un tiro en la nuca a mediados de octubre.

"No es que nos levantemos el cuello diciendo que somos los más honestos del mundo porque sí, hay una razón: si quieres sobrevivir, más te vale serlo", apunta el magistrado del norte, que pide mantener oculta su identidad y el nombre del Estado donde trabaja. Su nombre ficticio será Pedro Pérez. 

"En el momento en el que les das pie a los criminales para extorsionarte, en el que aceptas una comida o un regalo insignificante, como una pluma, quedas expuesto. Saben que pueden sacar algo más de ti y pones en peligro a tu familia y a los de tu juzgado", añade Pérez. 

Los jueces federales mexicanos reciben uno de los salarios más altos de Latinoamérica para disuadirlos de este tipo de prácticas, el sueldo ronda los 120 mil pesos mensuales (unos seis mil dólares).

Pérez, que ocupa una de las plazas judiciales más peligrosas del país, cuenta que no tiene miedo: "El miedo te paraliza. He tenido y tengo mucha precaución. Hay que poner siempre un freno, decirles que no. Pero cuando pasan situaciones como la del asesinato del juez Bermúdez, uno se da cuenta de que debe tener todavía más cautela". 

Cuando habla de "tener cuidado" se refiere a tener una vida social reducida, a no salir casi nunca y no dar ninguna muestra de ostentación; a dejar de jugar al fútbol con sus amigos abogados, políticos o funcionarios para evitar las peticiones —a veces exigencias— de favores. A pagar, en definitiva, el precio por impartir justicia en un municipio donde no existe la Policía local desde hace dos años y los criminales se los entrega directamente el Ejército o la Marina. Pero, sobre todo, Pérez advierte que de quien un juez debe cuidarse es de los abogados.

En ese punto coincide con otra jueza federal, Dolores Martínez (nombre también ficticio), que ocupa su plaza en un juzgado del sureste mexicano. Allí la presencia del crimen organizado no es tan fuerte, pero explica que los juicios por corrupción de políticos pueden provocar también situaciones de riesgo. 

"Los abogados son los que te transmiten la amenaza, casi siempre de manera indirecta, ellos lo llaman "sugerencia". Son quienes te ponen sobre la mesa que su cliente es muy amigo de las altas esferas y que tu puesto podría tambalearse, por ejemplo", explica Martínez.

"Los jueces están condenados a mantenerse en una mediocridad y discreción para conseguir la estabilidad", explica Armando Ismael Maitret, presidente de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia y actual presidente de la sala regional capitalina del Tribunal Electoral. 

El magistrado Maitret añade que cuando un juez es muy bueno en su trabajo, corre el riesgo de que lo cambien de destino: "La carrera judicial es lo más parecido que existe a la carrera militar", apunta. El magistrado explica que por eso muchos intentan no destacar: "Muchos viven además con el temor de ser trasladados toda su vida".

En las regiones tomadas por el crimen organizado, como en la que opera Pérez, intentar ser un héroe contra el crimen significa cavar su propia tumba. Las competencias de los Estados obligan a abrir, generalmente, dos procedimientos a los acusados: uno por el delito estatal (que puede ser homicidio) y otro por el federal. 

"La clave está en ser sumamente objetivo con el expediente. Y rezar para que el juez estatal le haya sentenciado a más de 20 años por homicidio. Así yo puedo ponerle los años justos por uso de armas de fuego, unos seis, y pasar desapercibido. La cuestión es trabajar apegados a derecho y no pasarse de la raya", confiesa el juez del norte.

"Sin duda, un juez en México corre muchos riesgos. Muchos se juegan la vida, o por lo menos su trayectoria", apunta Maitret. 

El asesinato a sangre fría de Vicente Bermúdez —de un tiro en la cabeza mientras practicaba deporte— desempolvó el viejo debate sobre los jueces sin rostro, como se implementó en países como Colombia, en los años duros de Pablo Escobar. Sin embargo, el Poder Judicial ha dicho que aceptar estas medidas sería claudicar, aceptar que México se encuentra en un estado de excepción.

Desde la Secretaría Ejecutiva de Vigilancia del Consejo de la Judicatura Federal insisten en que los atentados contra los jueces no son tan comunes — registran siete atentados contra federales desde 1987—. Según las cifras otorgadas a El País, sólo 74 de mil 391 jueces cuentan con medidas de seguridad como vehículos blindados, escoltas y chalecos antibalas. La mayoría de los funcionarios que tienen una protección, están en juzgados ubicados en los penales federales (Ceferesos) y en entidades con fuerte presencia del crimen organizado.

El órgano reconoce, no obstante, que el 90 por ciento de los homicidios cometidos contra los jueces federales no han obtenido todavía una sentencia firme, como ocurre en general con la mayoría de delitos en México. 

"Esto es muy grave. Para cualquier asesinato es importante que se esclarezcan las causas, pero tratándose de los jueces, la urgencia debe ser mucho mayor. El miedo se expande hacia todos los que tienen que sentenciar. La autonomía entonces se encuentra amenazada", resume Maitret.

Y añade: "El caso del asesinato de Bermúdez, un joven idealista, que luchaba por la injusticia y que quería ser un combatiente a la corrupción, manda un fuerte mensaje para quienes quisieran seguir sus pasos. Por eso debemos saber cuanto antes si lo mataron por su trabajo o no, y castigar a los responsables".

Pérez es uno de los pocos magistrados que sí recibe una protección extra del órgano judicial. Pero no le sirve de mucho, porque usarla significaría colocarse en el blanco de los criminales. Su destino es pasearse como un vecino más por la "ciudad sin ley" para la que trabaja y correr con los mismos riesgos que sus habitantes. La justicia de México la sostienen funcionarios como estos, cuya firma debajo de cada sentencia sella para siempre su futuro.

Jueces federales asesinados,de 1987 a 2016

• Pedro Villafuerte Gallegos, juez de distrito del Estado de Morelos. Fue asesinado en septiembre de 1987. Recibió 33 impactos de bala, una por cada condena que impuso.
• Sergio Novales Castro, magistrado de Sonora, fue encontrado muerto en el año 2000, con signos evidentes de tortura.
• Benito Andrade Ibarra y Jesús Alberto Ayala, magistrados adscritos en Sinaloa, fueron asesinados a balazos en noviembre de 2001, por una sentencia que emitieron.
• René Hilario Nieto, adscrito del Estado de México, fue asesinado a balazos en agosto de 2006 por otra resolución.
• Carlos Elarza Amores, juez de distrito del Estado de Nayarit, fue atacado a balazos en 2010, aunque sólo falleció uno de sus escoltas.
• El secretario del juez federal Rubén Avelar Castro, adscrito en Jalisco, fue asesinado a balazos en 2011, aparentemente por unas diferencias durante una diligencia judicial.
• El juez Vicente Antonio Bermúdez, adscrito en el Estado de México, asesinado de un disparo en la cabeza el 17 de octubre de 2016.