En el último mes, jueces federales han considerado al Estado mexicano como responsable de diversos casos de abuso sexual cometidos en escuelas públicas de nivel preescolar.

En tres sentencias condenatorias, se ha ordenado a la Secretaría de Educación Pública (SEP) tomar acciones para garantizar que los delitos de abuso sexual organizado en preescolares públicos no vuelvan a suceder.

"El abuso sexual organizado se refiere a agresiones ejercidas por múltiples adultos en contra de numerosas víctimas. El tipo de violencia es extrema e inusual y se cometen a través de la captura de instituciones", explicó la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI).

Recordó que en mayo de 2021 se publicó el informe Es un secreto realizado por 10 figuras públicas y dicha oficina de defensoría, en el que se documentaron 18 casos de violencia sexual extrema en escuelas de por los menos siete estados de la República.

"Desde su publicación, el Estado ha mantenido silencio mientras los casos incrementan. En la actualización del informe se registra ahora 20 casos en 10 estados del país", reprochó ODI.

Destacó que en las tres sentencias dictadas por el Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito y por el Tribunal Unitario de Enjuiciamiento del Centro de Justicia Penal Federal, en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur, el último mes la SEP fue condenada a establecer un día en el calendario escolar para trabajar con niños, niñas y adolescentes y personal docente sobre la violencia sexual en escuelas; garantizar que en la Ciudad todas las escuelas sean transparentes; hacer un reconocimiento de su actuar irregular y ofrecer una disculpa pública a las víctimas.

También ordenaron a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) que junto con las familias víctimas y con orientación de ODI, elaboren material educativo para prevenir violencia sexual en las escuelas y mejorar el acceso a la justicia de las víctimas. Los materiales deberán ser distribuidos por la SEP.

La Fiscalía General de la República (FGR) deberá investigar la posible intervención o participación de otras personas, además de quienes ya han sido condenados en los hechos delictivos.

"Obligan al Estado a romper el silencio que ha mantenido frente a la captura de sus escuelas por grupos de delincuencia, y a tomar acciones para garantizar la no repetición y la integridad de los niños y niñas bajo su cuidado" señaló la ODI.

El 10 de enero la FGR dio a conocer la sentencia impuesta por el Tribunal de Enjuiciamiento del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Sur en contra de Ramón "N" por abusar sexualmente de 17 menores de edad que estudiaban en el kínder Marcelino de Champagnat.

Por los delitos de pederastia, violación equiparada, abuso sexual y pederastia en grado de tentativa (todos agravados) en contra de los 17 niños, el sentenciado recibió una pena de 494 años y nueve meses de prisión.

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