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SINALOA.- El juez de la causa penal negó la prisión preventiva a Luis Ángel Pineda Ochoa por no proceder por el delito del que es culpado, pero sí otorgó medidas cautelares fijando la garantía económica de un millón de pesos contra el inculpado a fin de evitar la evasión, los cuales tendrá que pagar en un periodo de 15 días.

Asimismo, tras escuchar los alegatos de ambas partes, impuso como medidas cautelares que el señalado por la fiscalía por el uso indebido de la función pública se presente cada 15 días ante las autoridades judiciales y tenga prohibido salir del estado, informó El Debate.

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Después de una audiencia que se prolongó por más de dos horas, el juzgador argumentó que la prisión preventiva en contra de Pineda Ochoa no procedía, toda vez que se trata de un delito patrimonial en el que no existen condiciones para advertir que el señalado pueda evadirse o fugarse de la autoridad, por lo que, en su lugar, se dictaron las anteriores medidas cautelares previstas por el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Durante la presentación de alegatos de la defensa del inculpado, los abogados solicitaron a la autoridad juzgadora, como parte de medios de prueba, que seis servidores públicos se presenten para aportar más información sobre las acusaciones.

Se tratan de cuatro auditores adscritos a la Auditoria Superior del Estado que participaron en el peritaje contable, una policía investigadora con especialización en peritaje contable adscrita a la Fiscalía y una agente de policía adscrita a la Unidad de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía.

De esta forma, el juez Adán Alberto Salazar Gastélum aceptó la duplicidad de término solicitada por la defensa del exfuncionario de Turismo, con la cual el próximo lunes se dará paso a la audiencia de continuación inicial para que el personal que participó en las indagatorias que presentó la Fiscalía aporte mayores elementos respecto a este hecho.

Por su parte, los representantes de la parte acusadora insistieron en repetidas ocasiones por que el juez de control otorgara la prisión preventiva en contra de Pineda Ochoa argumentando que esta persona tenía al menos dos domicilios, lo que ponía en riesgo la sustracción. Sin embargo, esto no fue aceptado por la autoridad judicial, puesto que se alegó que un domicilio -de la ciudad de Los Mochis- es propiedad del exservidor público, mas no el de Culiacán, cuyo dueño, presuntamente, es su hijo.