Después de tres años y ocho meses de haber sido procesado, un juez federal dictó el auto de apertura de juicio en contra de Emilio Lozoya Austin por el caso Odebrecht, en una audiencia en la que rechazó todas las solicitudes de la Fiscalía General de la República (FGR) para cancelar las pruebas de descargo en favor del acusado.

Durante los dos días en que se desarrolló la audiencia intermedia, la defensa del ex director de Pemex pidió cancelar 48 de los 67 datos y medios de prueba que ofreció la FGR para el juicio y logró que el juez Gerardo Alarcón López excluyera 21 en su totalidad por ser ilícitas y cancelara 12 en forma parcial.

La FGR, por su parte, pidió excluir 28 de las 38 pruebas que presentó Lozoya en su descargo, pero el juez de control rechazó todas las solicitudes.

No aceptó excluir, entre otras, la prueba que constituye la principal coartada del acusado, el testimonio del empresario alemán Willi Arthur Gerard Heinze, quien asegura ser él y no Lozoya el dueño de una empresa off shore que recibió los depósitos millonarios que la Fiscalía le atribuye al ex director de Pemex.

Otra de las pruebas que el juez no quiso anular es el no ejercicio de la acción penal que dictó en favor de Lozoya la entonces Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, una resolución en la que concluye que está prescrita la sanción por los supuestos sobornos de Odebrecht para la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012.

Los fiscales tuvieron un desliz cuando trataron de que el juez excluyera varios de los testimonios de ex funcionario de Pemex Refinación, ofrecidos por Lozoya.

Argumentaron que sus declaraciones eran impertinentes porque no tenían ninguna relación con el caso, ya que la FGR no estaba cuestionando la legalidad del contrato de Tula I, otorgado por Pemex a Odebrecht, del cual incluso dijeron que era completamente legal.

De inmediato, la defensa de Lozoya reaccionó y trató de que quedara asentado como un acuerdo probatorio --un hecho indiscutible por las partes-- la afirmación de que ese contrato era legal, lo que obligó a los fiscales a retractarse de sus dichos.

Hasta el propio Lozoya tomó la palabra para resaltar el lapsus de la FGR, sin disimular la sonrisa.

"Es la primera vez que escucho que la Fiscalía lo expresa de manera contundente, que ese contrato fue legal, sigo perplejo.

"La Fiscalía llamó a declarar a varios de los funcionarios y todos dijeron que yo nunca tuve nada que ver con ese contrato, entonces, de impertinentes no tienen nada esas declaraciones", expresó el acusado ante el juez.

Desde el viernes el juez Alarcón canceló para el juicio las pruebas clave que presentó la FGR contra Lozoya, es decir, la documentación bancaria que enviaron Suiza y Brasil que presumiblemente revelan los sobornos de la constructora brasileña al ex director de Pemex.

Un hecho inusual ocurrido en la audiencia fue que tanto la FGR como la defensa solicitaron infructuosamente al juez Alarcón López, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, no dictar el auto de apertura de juicio.

Los fiscales Manuel Granados y Kristian Jiménez dijeron que eso permitiría a la FGR tener tiempo para volver a pedir a Brasil y Suiza la información bancaria que fue cancelada por carecer de autorización judicial.

El impartidor de justicia dijo que no podía acceder a la pretensión de las partes mientras no existiera una orden judicial.

(Con información de Reforma)