Una jueza federal dictó auto de formal prisión contra cuatro ex elementos de las Policías Municipales de Iguala y Cocula por su presunta participación en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014.

Según fuentes ministeriales, los acusados son Óscar Augusto Pérez Carreto, Jesús Parra Arroyo, Roberto Pedrote Nava y Julio César Mateos Rosales. 

Pérez Carreto formaba parte de la policía municipal de Iguala, mientras que los otros tres pertenecían a la corporación de Cocula, Guerrero.

La resolución fue emitida por Raquel Duarte Cedillo, Jueza Segundo de Distrito en Materia Penal de Toluca, quien inició proceso penal en su contra por el delito de desaparición forzada de personas. 

Esta medida implica que los cuatro permanecerán recluidos en diferentes penales federales durante el desarrollo del juicio.

Cabe destacar que los acusados llevan cerca de diez años en prisión preventiva por su presunta participación en el caso. 

Mientras Pérez Carreto se encuentra actualmente recluido en el Penal Federal de Ocampo, Guanajuato, y Pedrote Nava en el de Miahuatlán, Oaxaca, el ex policía Mateos Rosales está preso en el Altiplano, Estado de México, y Parra Arroyo, en el de Buenavista Tomatlán, Michoacán.

Vínculos con ‘Guerreros Unidos’

Todos ellos fueron encarcelados en octubre de 2014, apenas un mes después de la desaparición de los normalistas, y en los primeros meses de reclusión les iniciaron dos juicios en el Juzgado Primero de Distrito en Procesos Penales Federales de Matamoros, Tamaulipas.

En el primero, inicialmente el juez les dictó la formal prisión por el delito de secuestro en agravio de los 43 normalistas, pero les dictó la libertad por falta de elementos por el ilícito de delincuencia organizada.

Posteriormente, en la segunda causa judicial, se inició el proceso por delincuencia organizada derivado de sus presuntos vínculos con el grupo criminal ‘Guerreros Unidos’. 

El 14 de septiembre de 2019, el juez les dictó sentencia absolutoria en el primer juicio, en buena medida, con base en el criterio que desde el 2018 estableció el Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas para otros acusados.

Es decir, como no les practicaron en un plazo de 10 días, el Protocolo de Estambul, para comprobar las torturas de las que denunciaron haber sido víctimas, el juez dio por ciertas las vejaciones y anuló los testimonios auto incriminatorios y de cargo.

Confesión con tortura

En el caso de Parra Arroyo, el ex policía dijo en un principio haber participado en los hechos y declaró contra algunos agentes que supuestamente trasladaron y entregaron a los estudiantes a ‘Guerreros Unidos’, responsable de desaparecerlos.

Sin embargo, como denunció que su confesión se obtuvo mediante torturas, fue absuelto de responsabilidad con base en la presunción -sin prueba que lo acredite- de que fue objeto de vejaciones.

Como los ex agentes siguieron procesados por el caso que los relacionaba con Guerreros Unidos, permanecieron presos. 

Fue precisamente en reclusión cuando les ejecutaron la nueva orden de aprehensión por desaparición forzada, delito por el que acaban de iniciarles un nuevo juicio.

Con información de Reforma