20 de Octubre de 2018

México

A punta de fusiles periodistas ofrecieron disculpas

Un video muestra al menos a tres hombres armados en el 'juicio popular' a los comunicadores.

En la imagen se aprecia a un sujeto armado custodiando a los periodistas durante el juicio popular. (Milenio)
En la imagen se aprecia a un sujeto armado custodiando a los periodistas durante el juicio popular. (Milenio)
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Víctor Hugo Michel/Rogelio Agustín Esteban/Javier Trujillo/Milenio
MÉXICO, D.F.- Los integrantes del Movimiento Popular de Guerrero (MPG) que retuvieron a un centenar de periodistas y sus familias el sábado pasado en Tlapa no iban solos. Se hicieron acompañar de hombres armados —con uniformes de policías comunitarios— que amenazaron con “someter a proceso de reeducación” a los reporteros, columnistas y editores presentes, a quienes criticaron por su supuesta falta de imparcialidad y honestidad en su oficio.

Así lo denunció el presidente del Club de Periodistas de Guerrero, Miguel Ángel Mata, uno de los comunicadores que fue sometido a juicio popular sumario y que fue forzado a marchar por las calles de Tlapa. “Nos intimidaron con las armas en alto. Estábamos rodeados por estos hombres con rifles y uno de sus comandantes, que dijo ser de la CRAC, nos amenazó en el juicio con llevarnos a una de sus prisiones entre Marquelia y San Luis Acatlán para que hiciéramos labores comunitarias pesadas”, dijo.

Un video obtenido por Milenio corrobora la presencia de al menos tres hombres armados con rifles en el desenlace del juicio popular al que se sometió a una decena de periodistas, llevados a la fuerza a la presidencia municipal de Tlapa, convertida esa noche en tribunal improvisado. En un acercamiento, es posible apreciar en la gorra de uno de los policías las siglas de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).

Mata acusó que la presencia de los hombres armados y el temor a una agresión física les hizo ofrecer una “confesión a modo” ante la muchedumbre, compuesta por un centenar de personas. En el video se aprecia uno de esos momentos: “Queremos ofrecer una disculpa…”, dice el presidente del Club de Periodistas. Se le ve nervioso.

—¡Discúlpese bien! —se escucha en otro instante, cuando la esposa de Mata, Silvia Inés Borge, debe tomar la palabra para pedir perdón. Es un grito que viene de entre la gente. En triángulo, los hombres armados mantienen un cerco en torno a Mata, su esposa, y Julio Ayala, un columnista local. Los tres sudan profusamente y lanzan miradas furtivas a las armas. A unos metros, otros periodistas enjuiciados permanecen sentados en uno de los muros de la alcaldía, observando la ceremonia en la que fueron declarados “culpables” (no se especificó de qué delito).

Otro video de los hechos del sábado muestra el momento justo en el que irrumpen los integrantes del MPG en la ceremonia de premiación del Club de Periodistas de Guerrero. Una muchedumbre se agolpa a las puertas de la finca San José de Tlapa, en donde se llevaba a cabo la ceremonia.

“¡Fuera periodistas, fuera periodistas!”, es el cántico prevalente. Un hombre con playera roja intenta golpear con un tolete a Borge. Su esposo logra meter la mano para evitar el impacto.

En el frente de la turba se puede apreciar a Luis Flores, locutor de Radio ABC, tratando de mediar, antes de que las cosas escalen. Del lado periodístico también hubo agresiones. Fuera de cámara, un reportero le lanzó un trago al rostro a uno de los miembros de la MPG. Una reportera rasguñó a otro. Fue solo una de tres trifulcas en total.

“Lo que yo quería era que se tranquilizaran los compañeros del MPG”, dijo Flores en entrevista posterior. “Les trataba de explicar que no había ningún político, que esto era un evento privado”.

Lo que el incidente del sábado terminó por evidenciar también es que las divisiones y polarizaciones que han caracterizado históricamente al gremio periodístico de Guerrero están más presentes que nunca. La única reportera a la que se permitió cubrir el juicio popular fue Carmen González, de El Sur. Se le dio acceso y trato preferencial mientras que sus compañeros estaban sometidos e hincados. El MPG le permitió sentarse en una mesa que hacía las veces de barandilla de juez.

Sobre lo que pasó ahí hay dos versiones. Julio Ayala, columnista de la revista Suriana, sostiene que la reportera se integró al tribunal y ayudó a condenar al resto de los periodistas. “Ella le explicaba a los del MPG qué hacer”, dijo el articulista. “Les decía ‘no digan esto’ o ‘no digan lo otro’". Mata se pronunció en el mismo sentido y deploró que El Sur no haya publicado, en su nota del domingo 16, que a los comunicadores se les maltrató, llevando solo la versión del movimiento.

González rechazó esa versión que la ubica como jurado interesado en un solo lado. “Yo estaba en mi capacidad de reportera, nada más”, explicó. “Me invitaron a sentarme, pero nada más y eso hice”.

El director editorial de El Sur, Juan Angulo, defendió a la reportera, dijo desconocer por qué se le acusó de algo así y dejó en claro que si no se logró llevar la opinión de los periodistas agredidos es porque no hubo tiempo y el cierre de la edición estaba encima.

Abogados apoyarán denuncia

En Acapulco, integrantes del Consejo Consultivo de Abogados del Estado de Guerrero anunciaron que serán coadyuvantes en la denuncia que presentará el Club de Periodistas del Estado de Guerrero contra activistas del MPG y maestros de la Ceteg por diversos delitos tras los hechos del pasado sábado.

“Como juristas estamos obligados a pronunciarnos al respecto; independientemente de la relación con algunos colegas, tenemos la obligación moral y vamos a presentar una denuncia formal por parte de los agraviados”, anunció el presidente del órgano colegiado, Alfredo Pérez Zárate.

“Entre los delitos están la privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, el robo, porque les quitan todo, cámaras, laptops, teléfonos; amenazas y lesiones”, dijo  en entrevista.

“Hay una pluralidad de conductas delictivas y la participación de varios sujetos activos. Todos son responsables directos”, refirió el litigante.

Pérez reprochó la falta de actuación de los tres órdenes de gobierno y de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, lo que calificó de lamentable, sobre todo por la falta de autoridad del Ejecutivo y de la Fiscalía General del Estado.  

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