I. Navarro y F. Damián/Milenio
MÉXICO, D.F.- El subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, informó que una de cada dos llamadas de extorsión que se registran en el país provienen de cárceles estatales.

En entrevista, luego de reunirse con integrantes de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, indicó que es necesario que las empresas telefónicas coadyuven en la erradicación de este delito.

Refirió que las únicas prisiones que han logrado detener el ilícito son los centros penitenciarios federales. “No tengo cifras en este momento, pero más de la mitad de las extorsiones telefónicas provienen de las cárceles. Las únicas que han sido capaces de controlar este esquema son las prisiones federales, ya que tiene una ventaja: están en lugares aislados y entonces técnicamente es más sencillo hacerlo”.

Explicó que es más complicado el control cuando las cárceles están enclavadas en zonas urbanas y en consecuencia los inhibidores cancelan señales fuera de las cárceles”.

Asimismo, reconoció que en los últimos años, de acuerdo a datos del INEGI, este delito ha ido en incremento.

“Hace unos días manifesté que se tiene la cifra negra más alta, no solo de intentos, sino de llamadas telefónicas que se hacen desde las cárceles, con evidencia comprobada y tenemos que revisar el marco legal, porque es un delito que impacta mucho a la sociedad”, declaró.

En ese sentido, Campa llamó a los diputados y autoridades a revisar el marco legal que tenemos, así como a impulsar una campaña para evitar que la ciudadanía “caigan en las trampas de ponen estos grupos”.

Contra la violencia

Durante su comparecencia, el subsecretario manifestó su confianza en que el programa para prevenir la violencia en el país no tenga subejercicios y anunció la creación de mecanismos para su evaluación.

Recordó que la Cámara de Diputados aprobó en 2013 un fondo de 2 mil 500 millones de pesos para ser destinadas a los gobiernos estatales y municipales de 57 regiones del país en las 32 entidades federativas con altos índices de violencia.

En el programa figuran 48 municipios, siete zonas metropolitanas y dos delegaciones del Distrito Federal: Iztapalapa y Gustavo A. Madero.

“Hemos tenido que diseñar y consensar el programa con los gobernadores, con el jefe de gobierno del Distrito Federal, hemos tenido que convenir polígonos, acciones, diagnósticos, metas, y, sin embargo, confiamos en que no tendremos subejercicio alguno y que podremos ejercer el 100 por ciento de los recursos”, manifestó.

Explicó que dentro de las intervenciones directas en las demarcaciones territoriales y servicios a la comunidad, se entregarán, en este ciclo escolar, 574 mil lentes, 340 mil aparatos auditivos y mil 649 becas para trabajar en los procesos cognitivos.

Además, en los próximos días se echará a andar una línea nacional de atención a las mujeres que sufren violencia, con apoyo psicológico y jurídico, así como un portal de internet informativo sobre drogas y adicciones dirigido a jóvenes.

Los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública cuestionaron al subsecretario sobre supuestos intereses electorales en la designación de los polígonos del programa de prevención y la prevalencia de inseguridad, principalmente en el norte del país.

Asimismo, lo interrogaron respecto al creciente número de grupos de autodefensa en el país y los controles de confianza en las fuerzas policiales, el cual, de acuerdo con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se ha llevado a cabo en un 70 por ciento en los cuerpos de seguridad de los estados y en 98 por ciento en las dependencias federales.

Las acciones

• Campa admitió que ha sido difícil implementar el programa a la par que se construye la organización de la subsecretaría, luego de la desaparición de la SSP a inicios del año.
• No obstante, dijo que se han construido 157 inmuebles, como centros de mediación comunitaria y deportivos, además de rehabilitado 338 más y equipado a otros 128.