13 de Diciembre de 2018

México

La reforma financiera frena lavado y deudores

La propuesta pretende dotar de facilidades a los usuarios para cambiar de banco, pero a las instituciones crediticias les facilita el cobro de garantías

Los clientes podrán portar sus deudas a las instituciones que les ofrezcan mejores condiciones. (Milenio)
Los clientes podrán portar sus deudas a las instituciones que les ofrezcan mejores condiciones. (Milenio)
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Milenio
MÉXICO, D.F.- Entre las modificaciones propuestas en la iniciativa de reforma a la Ley Financiera que se prevé sea presentada en los próximos días destaca el apartado 13, en el cual se desglosan cambios para evitar actos terroristas en México y atacar el lavado de dinero.

En el texto titulado “Financiamiento al terrorismo y lavado de dinero”, marcado como uno de los 14 proyectos confidenciales que se presentarán mañana como parte de la reforma financiera, se establece que estos cambios buscan atender las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales, (GAFI, por sus siglas en inglés), así como el Grupo Egmont, instancia que se encarga de reunir a las unidades de inteligencia financiera mundiales.

El documento, de la cual MILENIO tiene una copia, reconoce que el GAFI y el Fondo Monetario Internacional realizaron en 2008 una evaluación sobre las medidas que existen en el país para evitar estos ilícitos, y concluyeron que en México no es suficiente la regulación en materia de lavado de dinero y terrorismo, así como su financiamiento.

“Con esta reforma el gobierno mexicano dará cumplimiento eficiente a los tratados suscritos y colocará a México entre los pocos países que cuentan con el mayor número de recomendaciones cumplidas”, destaca el texto.

La multa por lavado de dinero llega hasta 5 mil días de salario mínimo y una pena corporal hasta de 10 años de prisión.

Entre las sanciones se pretende aumentar la pena mínima de prisión pasándola de cinco a 15 años, en razón del daño que este tipo de acciones puede representar a la sociedad, produciendo o pudiendo producir alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular a tomar una determinación.

Asimismo, se establecerá como un delito el financiamiento al terrorismo, mediante la cual se busca sancionar con prisión de 15 a 40 años y 400 a mil doscientos días de multa a quien por cualquier medio, ya sea directa o indirectamente, aporte o recaude fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza, ya sea para financiar o apoyar individuos o agrupaciones delincuenciales.

También tipifica el encubrimiento de personas que hayan participado en el financiamiento de actos terroristas. Para ello, aplicará a estos sujetos una pena de prisión de uno a nueve años y una multa económica de cien a trescientos días de salario mínimo.

Otro de los aspectos que detalla este apartado, es el combate al lavado de dinero, en el cual se incluye en este delito a quien posea, convierta, retire, reciba por cualquier motivo o traspase dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando procedan o representen el producto de una actividad ilícita. Dichos delitos recibirán penas de 5 a 15 años de prisión y de mil a 5 mil días de multa.

“También se propone que sea considerada como delito grave la conducta de testaferrato, entendida como aquella persona que permita que se intitulen bajo su nombre bienes o derechos adquiridos con recursos, derechos o bienes que procedan o representen el producto de una actividad ilícita, sin que tenga conocimiento de que los recursos, derechos o bienes procedan o representen el producto de una actividad ilícita”, añade el texto.

Se propone también que con la finalidad de hacer efectivos los mecanismos para el combate de estos delitos y su financiamiento exista una excepción sobre la reserva de la información fiscal proporcionada por contribuyentes o terceros relacionados. 

De igual forma  pretende reformar la Ley de Extinción de Dominio, para que el Ministerio Público pueda ordenar aquellas medidas cautelares a las entidades financieras que eviten la fuga o desaparición de aquellos recursos que presuntamente se encuentren vinculados con estos delitos. 

“Se busca que esta medida cautelar pueda activarse ante el conocimiento de reportes, informes o resoluciones de las autoridades nacionales de la vigilancia financiera y los diversos movimientos relacionados con este tipo de prácticas, pero que también se puedan activar por la emisión de reportes, informes o resoluciones que emitan organismos internacionales.”

Ante esto, con  la finalidad de ofrecer certeza jurídica a aquellas personas sobre las cuales recaiga dicha medida, se propone un plazo de 20 días para que el Ministerio Público solicite al juez el aseguramiento de fondos o activos. 

Certeza para más crédito

Por otra parte, la reforma financiera que presentará el Ejecutivo federal tiene por objetivo mejorar el acceso al crédito mediante la mayor competencia, por lo que contemplan instaurar más facilidades a los usuarios de cambiar de banco, como a las instituciones de cobrar garantías.

La reforma endurece penas y da más herramientas a acreedores

Estas modificaciones darán la certeza a los usuarios de contar con mejores condiciones en el mercado financiero y a los bancos de poder recuperar el dinero que están prestando.

Se pretende que los bancos puedan recuperar sus préstamos al reducir la duración de los concursos mercantiles, lo cual ayudará a proteger el fondo de los acreedores y evitar que jueces alarguen procesos.

También la iniciativa busca agilizar la quiebra de empresas al acotar los plazos de los concursos mercantiles y permitir que los acreedores nombren interventores, al tiempo que prohibe a los jueces extender los tiempos de conciliación previstos.

Para esto se contenpla modificar varios artículos de la Ley de Concursos Mercantiles, para que su objetivo ya no sea sólo el cuidado de las empresas en quiebra, sino también el de sus acreedores.

“En adición a conservar las empresas, se establece como objetivo principal la protección de los acreedores y de la masa”, apunta el proyecto.

Un concurso mercantil es un recurso legal que inicia cuando una empresa o comerciante se declara insolvente para hacer frente a sus deudas y entra en un esquema de reestructuración y de liquidación ordenada.

Por ello, en él se suscribe un convenio con los acreedores reconocidos y se procede a la venta de los bienes o unidades productivas para realizar el pago y liquidar las deudas, según el texto vigente de ley.

Quiebras Bancarias

El gobierno federal reconoce la necesidad de implementar un adecuado sistema de quiebras bancarias, por lo que en su reforma financiera está tomando en cuenta este término.

La propuesta es crear el proceso de “liquidación judicial”, el cual permitirá maximizar la recuperación del valor de los activos de una institución bancaria que presente problemas de insolvencia.

La subrogación de acreedor busca obligar a los bancos a dar mejores condiciones a sus clientes.

También incorporarán el concepto de “extinción de capital” para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revoque una licencia de banca múltiple a la institución financiera cuyos activos sean insuficientes.

La propuesta de ley establece los supuestos en que se puede aplicar un proceso de liquidación judicial, entre los que se incluye que un banco incumpla con 10.5 por ciento de índice de capitalización requerido en Basilea III.

Asimismo, la reforma busca que los clientes puedan portar sus deudas a las instituciones que le ofrezcan mejores condiciones para pagarlas, sin necesidad de dar otra prenda o letra en garantía.  

Esto será posible por medio del uso de la figura “subrogación de acreedores”, servicio solictado mediante una carta hecha por el banco a petición del deudor en la cual se detalle la situación del crédito del usuario.

Esta figura obligaría a los bancos a ofrecer a los clientes mejores condiciones de financiamiento, con tasas de interés accesibles y cuotas mensuales más al alcance de la clase media nacional.

La figura de “subrogación de acreedores”, instaurada en 2002, supone que permitiría que las personas pudieran cambiar sus créditos a bancos que les ofrecieran mejores condiciones de pago.

“Sin embargo, la subrogación de acreedor no ha tenido el éxito esperado, al no haberse podido disminuir los costos de la transacción, (pero) al implementarse esta figura se constituye una nueva garantía. En consecuencia, se generan nuevamente gastos registrales y aranceles notariales que desinhiben el uso de la figura”.  

Lara lista

  • La propuesta de reforma contiene 14 proyectos que modifican 38 leyes del sector, entre los que se encuentran cambios al sistema financiero y judicial.
  • Se incluye un proyecto de decreto que permite el fortalecimiento de la Condusef, otro que clarifica el actuar de los corresponsales del sector de ahorro y crédito popular y uno más que fortalece a las uniones de crédito. Uno más habla de la banca de desarrollo  y otro que aclara el otorgamiento y la ejecución de garantías
  • También se modifica la Ley de Concursos Mercantiles y se profundiza en el tema de los almacenes generales de depósito y Sofomes, así como de la liquidación judicial bancaria, entre otros.

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