Agencias
WASHINGTON, DC.- El Departamento del Tesoro designó hoy al sinaloense Fausto Isidro Meza Flores y a miembros de su familia como una Organización del Tráfico de Drogas (DTO) y los colocó en la lista especial de cabecillas del narcotráfico, según publica Notimex.

La designación emitida por la Oficina de Control de Bienes Foráneos (OFAC) incluye un embargo de sus bienes en Estados Unidos y la prohibición de cualquier transacción con entidades o personas estadunidenses.

"Al poner como blanco a los líderes de esta extremadamente violenta organización de tráfico de drogas domiciliada en Sinaloa, estamos protegiendo al sistema financiero de otra fuente de dinero ilícito", señaló el director de OFAC, Adam Szubin.

El Departamento del tesoro señaló que el nuevo cártel, que opera desde el año 2000 en Guasave, Sinaloa, es responsable de la distribución de grandes cantidades de metanfetaminas, heroína, marihuana y cocaína a los Estados Unidos.

Sostuvo que el nuevo cártel se ha involucrado en una "guerra territorial extremadamente violenta" con el cártel de Sinaloa, que ha resultado en un aumento de 400 por ciento de las muertes relacionadas con las drogas en los últimos cuatro años en Sinaloa.

OFAC designó específicamente a Fausto Isidro Meza Flores, alias el "Chapito Isidro", como líder del cártel por jugar un papel central en el tráfico internacional de drogas.

También fueron designados su esposa Araceli Chan Inzuna, su padre Fausto Isidro Meza Angulo, su madre Angelina Flores Apodaca, su hermana Flor Angely Mesa Flores, así como sus tíos Agustín Flores Apodaca y Pánfilo Flores Apodaca.

Agustín Flores Apodaca fue arrestado en julio del año pasado en México por distribución de drogas y sigue bajo custodia, señaló OFAC.

El Departamento del Tesoro incluyó además a las empresas de Guasave Autotransportes Terrestres S.A. DE C.V., Auto Servicio Jatziry S.A. DE C.V., y Constructora Jatziry De Guasave S.A. DE C.V.

La violación a las regulaciones de la ley de cabecillas del narco implica penas civiles individuales de un millón de dólares por incidente. En el caso de las empresas, las multas son de por lo menos cinco millones de dólares y las penas carcelarias de 30 años de prisión.